La Secretaría de Marina (Semar), considerada uno de los pilares de disciplina y control en el Gobierno federal, enfrenta una crisis interna: cuatro mandos navales están bajo investigación por presuntos delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta.
Las indagatorias no apuntan a simples fallas administrativas. De acuerdo con documentos internos obtenidos mediante solicitudes de información, los señalados operaban en el área más delicada de la institución: la que maneja el presupuesto, los contratos y la distribución del dinero dentro de la Marina Armada de México.
Las investigaciones comenzaron en 2024 y siguen abiertas. Hasta ahora, la dependencia reconoce que dos altos funcionarios ya fueron sancionados, aunque sus nombres permanecen reservados por “secrecía del procedimiento”.
Investigaciones con olor a combustible
Lo relevante es que estas indagatorias se conectan con un escándalo mayor:
la red de huachicol fiscal que operó desde los puertos controlados por la Marina durante el sexenio anterior, bajo el mando del entonces secretario, almirante Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el combustible ilegal entró y salió del país por al menos ocho puertos estratégicos.
A pesar de la magnitud del caso, el almirante Rafael Ojeda Durán no ha sido llamado a declarar ni figura como investigado en los expedientes que integran la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Lo que sí ocurrió es la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Ojeda Durán, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos. Farías Laguna recibió prisión preventiva justificada.
Auditorías reservadas y silencio institucional
La Marina reconoce que en el último año ha detectado “riesgos de corrupción” y asegura haber realizado 27 evaluaciones internas en distintas áreas. Sin embargo, toda la información fue clasificada por cinco años, con el argumento de que su divulgación “podría facilitar información a grupos criminales”.
La institución afirma estar “limpiando la casa”, en palabras del actual secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Pero mientras los documentos se mantienen bajo reserva y los nombres permanecen en la sombra, para especialistas y observadores aparece una palabra incómoda: Impunidad.
