Ciudad de México.— Los gigantes del entretenimiento: Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros. y Amazon, urgieron al Gobierno del Presidente Donald Trump a vigilar de manera directa las decisiones del nuevo Poder Judicial mexicano, ante el temor de que sus resoluciones prioricen criterios políticos sobre los compromisos internacionales de México bajo el T-MEC.
Agrupadas en la Motion Picture Association (MPA), las empresas enviaron una carta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en la que externan su preocupación por la reforma judicial de 2024, la ausencia de leyes reglamentarias claras y la creciente incertidumbre jurídica para inversiones audiovisuales.
Desconfianza sobre el nuevo arbitraje judicial
Los estudios señalan que la reestructuración del Poder Judicial dejó asuntos clave de propiedad intelectual en manos de perfiles con dudosa independencia y con incentivos políticos, lo que amenaza la protección de contenidos y la operación de plataformas de streaming en México.
“La MPA insta al Gobierno de EU a mantenerse vigilante de la implementación y el cumplimiento efectivo por parte de México de las reformas legales necesarias para el T-MEC, especialmente tras las reformas judiciales de México de 2024”.
La petición central es clara: Estados Unidos debe observar las resoluciones de los nuevos tribunales mexicanos relacionadas con propiedad intelectual para asegurar que no vulneren los estándares del tratado.
“La MPA exhorta al Gobierno de EU a vigilar de cerca la actuación y las resoluciones del nuevo Poder Judicial para garantizar que cumplan con las obligaciones de México”.
Riesgo de censura y discrecionalidad
La MPA advierte que el nuevo marco constitucional abre la puerta a la censura y a la discrecionalidad regulatoria. La reforma al Artículo 2º constitucional —que reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio propio— y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural (2022) podrían ser usadas para frenar producciones y bloquear su distribución.
“Existe una preocupación significativa de que las autoridades puedan usar estas regulaciones para censurar y limitar la libertad de expresión de los creadores y los medios de comunicación”.
En conjunto, ambas normas elevan la incertidumbre jurídica para productoras y distribuidores, dejando inversiones sujetas al criterio político de autoridades locales o federales.
“Esta reforma constitucional, junto con la Ley 2022, aumenta la incertidumbre jurídica en México en materia de inversiones audiovisuales”.
Condicionar la revisión del T-MEC en 2026
Ante el deterioro del entorno legal, Hollywood propone que la revisión del T-MEC en 2026 incluya una carta de compromiso obligatoria para México que garantice:
- Transparencia y claridad jurídica en la implementación normativa.
- Respeto efectivo a los derechos de propiedad intelectual.
- Consulta formal con titulares de derechos y empresas afectadas.
Para la MPA, México pasó de ser un destino competitivo para rodajes y producción de contenidos a un entorno jurídicamente impredecible, con un Poder Judicial cuestionado por su subordinación política.
