Ante la peor crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa Michoacán en años, la respuesta del Gobierno federal volvió a ser una presentación de láminas y promesas… desde la comodidad de Palacio Nacional.

Resulta revelador —y preocupante— que un plan que presuntamente busca “recuperar la paz” en Michoacán no haya sido presentado en Michoacán. Ni el gabinete de seguridad ni la Presidenta se trasladaron a la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla. No hubo mesas de trabajo con productores, alcaldes o víctimas. No hubo diálogo con las comunidades asfixiadas por la extorsión.

Hubo comodidad. Hubo discurso. No hubo presencia.

Una inversión que no es inversión

El Gobierno anunció una cifra de impacto: 57 mil millones de pesos. Pero es humo. No son recursos nuevos, sino la suma de programas ya existentes: apoyos del Bienestar, hospitales del IMSS y obras ya presupuestadas. Se reciclan cifras. Se recicla narrativa.

No es la primera vez: en 2021, el entonces presidente López Obrador presentó un plan casi idéntico para Michoacán. Prometió que los apoyos del Bienestar llegarían al 80% de los hogares y que eso “pacificaría” la región. Cuatro años después, la violencia no solo continúa: se expandió.

La diferencia entre entonces y ahora es brutal: los grupos criminales ya no influencian la vida económica del estado… la controlan.

Un estado “sellado”, pero sin claridad operativa

El plan del Ejército contempla incrementar el despliegue federal a 10,506 elementos, frente a los 4,386 actuales, bajo la promesa de “sellar el estado para que grupos delincuenciales no entren ni salgan”.

La estrategia se fragmenta por zonas, según el grupo criminal dominante:

• CJNG
• Los Viagras
• Cártel de Tepalcatepec
• Cártel de Zicuirán
• Los Blancos de Troya

La propuesta incluye combate a la extorsión, generación de órdenes de investigación, destrucción de laboratorios y un “plan antibloqueo”. Sin embargo, el general Héctor Ávila Trevilla, encargado de la presentación, nunca explicó cómo se coordinarán estas unidades entre sí. Tampoco se informó quién tomará decisiones operativas en campo, ni si las fuerzas estatales y municipales tendrán mando o solo serán espectadoras.

Otra vez, improvisación.

Productores bajo fuego

Las dos actividades económicas que dan identidad y empleo al estado —el limón y el aguacate— seguirán siendo zonas de guerra.

• 860 elementos serán destinados a zonas limoneras.
• 820 elementos, a las aguacateras.

Pero ni un solo indicador fue presentado para saber si la extorsión disminuirá o cómo se medirá el éxito del operativo. No hay metas. No hay fechas. No hay métricas. Sólo buenas intenciones.

Más que extorsión es captura territorial

Mientras tanto, las regiones productivas continúan operando bajo la lógica del piso, del permiso, del derecho de corte, del cobro por huerta y del control de rutas. No es solo extorsión: es captura territorial.

Sellar carreteras no sirve de nada si los criminales ya sellaron la vida diaria de las comunidades.

El mensaje político es claro: el Gobierno prefirió blindarse del abucheo en Palacio Nacional que enfrentar la realidad en Michoacán.

La seguridad no se recupera con conferencias ni con cifras recicladas. Michoacán necesita presencia real, indicadores reales y resultados reales. No un catálogo de buenas intenciones.