Mientras en Tabasco —la cuna política del obradorismo— se desplegaba una recepción digna de jefa de Estado para Fátima Bosch, en el centro del país se desmoronaba el discurso moral de la “Cuarta Transformación”. Raúl Rocha Cantú, empresario ligado al certamen Miss Universo México, aceptaba ante la Fiscalía General de la República haber participado en el negocio del huachicol, el mismo delito que el gobierno dice combatir como emblema de su cruzada anticorrupción.

El contraste no pudo ser más brutal. En el sureste, aplausos, selfies y reverencias para la representante de un proyecto simbólico rebautizado como el “Miss Universo del Bienestar”; en los expedientes judiciales, el propietario del certamen buscaba salvarse de la cárcel convirtiéndose en testigo protegido, admitiendo su participación en operaciones de robo y comercialización ilegal de combustible.

Mientras la reina (Fátima Bosch) apela a la divinidad para sortear sus conflictos, su CEO terrenal, Raúl Rocha, apela a un “criterio de oportunidad” ante la justicia para no pisar la cárcel por robar combustible.

La FGR ubica a Rocha Cantú dentro de una red criminal encabezada por Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, ex candidato del PRD a la alcaldía de San Martín de las Pirámides, y por Daniel Roldán Morales, “El Inge”, ambos con órdenes de aprehensión. La estructura operaba precisamente en Estado de México, Hidalgo y Guanajuato, las entidades donde Pemex reconoce el mayor robo de hidrocarburos.

No se trata de un fenómeno menor. Pemex y la Secretaría de Hacienda han documentado más de 100 querellas por huachicol, con un daño que supera los 16 mil millones de pesos. Aun así, Rocha Cantú intentó reducir su responsabilidad. En un escrito de 15 puntos presentado para obtener el criterio de oportunidad, aseguró que sólo participó en dos operaciones ilegales y que su papel se limitó a “aportaciones de dinero”.

Sin embargo, el propio testimonio revela algo más profundo: Rocha admitió que uno de los principales contrabandistas del grupo criminal lo ayudó a tramitar licencias de portación de armas para su personal de seguridad. Es decir, la frontera entre el delito organizado y los mecanismos formales del Estado volvió a difuminarse peligrosamente.

El empresario también rechazó haber traficado armas y negó ser líder del grupo, colocando por encima de él a “El Yaicob” y “El Inge”. Lo que no hizo fue señalar a políticos en funciones, empresarios influyentes o redes institucionales que, inevitablemente, permiten que el huachicol opere a escala industrial. Su colaboración apunta hacia abajo, no hacia los verdaderos centros de poder.

Días antes, en un intento por buscar refugio ante la presión de las acusaciones de fraude y los nexos criminales de su organización, Fátima Bosch compartió una imagen desde el interior de una iglesia. En ella, pedía ayuda al “CEO del Universo”, en clara referencia a Dios. La ironía es punzante: mientras la reina apela a la divinidad para sortear sus conflictos, su CEO terrenal, Raúl Rocha, apela a un criterio de oportunidad ante la justicia para no pisar la cárcel por robar combustible.

El simbolismo es demoledor. Mientras en Tabasco se celebra, se adula y se blanquea una narrativa de pureza moral ligada al obradorismo, uno de los empresarios asociados a ese escaparate acepta haber financiado el robo de combustible, un delito que desangra a Pemex y al erario público.

El caso Rocha Cantú vuelve a evidenciar la doble moral del régimen: espectáculo, propaganda y culto a la imagen por un lado; expedientes judiciales, silencios estratégicos y pactos de impunidad por el otro. En el país del “no somos iguales”, el dueño del Miss Universo del Bienestar confiesa ser huachicolero, mientras el poder político sigue repartiendo coronas como si nada pasara.