La Secretaría de la Defensa perdió el juicio no por falta de argumentos, sino por no acreditar a sus abogados y presentar recursos fuera de tiempo. El fallo obliga al Estado a pagar miles de millones a una empresa vinculada al espionaje con Pegasus, publicó el periódico Reforma.
Un error elemental de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un juicio administrativo se convirtió en una de las derrotas legales más costosas para el erario en los últimos años. Por no acreditar la personalidad de sus representantes legales y presentar una apelación fuera de plazo, la dependencia fue condenada a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), proveedora de equipos de espionaje.
El fallo fue emitido por Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien ordenó el pago de las obligaciones incumplidas “actualizadas con sus accesorios”, luego de que la Sedena quedara en rebeldía procesal y fuera considerada confesa de todos los hechos reclamados por la empresa demandante.
La historia se remonta a contratos adjudicados directamente entre 2010 y 2012, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para la adquisición de tecnología de espionaje. STD, propiedad del empresario José Susumo Azano, reclamó el pago de 13 facturas derivadas de nueve contratos, rescindidos por la Sedena en el sexenio peñista cuando la entonces PGR investigó el caso.
El general Pedro Bonilla Muñoz, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Jorge Suárez Becerril, Subjefe Jurídico, no acreditaron su personalidad como apoderados legales, por lo que el escrito de contestación de la dependencia se tuvo como no presentado
Sin embargo, en la nueva demanda presentada en septiembre de 2023, la Sedena cometió errores que resultaron fatales. El juez determinó que el general Pedro Bonilla Muñoz, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Jorge Suárez Becerril, Subjefe Jurídico, no acreditaron su personalidad como apoderados legales, por lo que el escrito de contestación de la dependencia se tuvo como no presentado.
“La parte demandada se tiene por rebelde”, resolvió el juez en marzo de 2024. La consecuencia fue automática: la Sedena quedó jurídicamente indefensa.
Cuando la dependencia intentó corregir el rumbo, volvió a fallar. La apelación contra esa resolución fue presentada fuera de tiempo, lo que llevó a un Tribunal Colegiado de Apelación a desechar el recurso el 3 de julio de 2024. La sentencia quedó firme el 16 de agosto, convirtiendo el error en cosa juzgada.
Un juez condenó al pago íntegro de todas las prestaciones reclamadas por STD que asciende a 9 mil 534 millones de pesos.
Sin defensa válida, el juez no tuvo más opción que condenar al pago íntegro de todas las prestaciones reclamadas por STD, una cifra que, con actualizaciones e intereses, asciende a 9 mil 534 millones de pesos.
Aunque la Sedena interpuso una nueva apelación el 2 de diciembre, el punto central —la falta de personalidad de sus representantes— ya no puede revertirse. El daño jurídico está consumado.
El caso adquiere mayor gravedad por el perfil de la empresa beneficiada. Security Tracking Devices fue una de las intermediarias en México del software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, utilizado para espionaje contra periodistas, activistas y opositores. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de STD y de Azano.
Además, el empresario fue condenado en 2017 en Estados Unidos a tres años de prisión por realizar aportaciones ilegales por 600 mil dólares a campañas políticas en San Diego, ciudad donde mantenía residencias.
Así, por una cadena de negligencias jurídicas básicas, la Secretaría de la Defensa no sólo perdió un juicio: trasladó a los contribuyentes el costo multimillonario de contratos opacos, tecnología de espionaje y una defensa legal fallida. Un caso que exhibe que, en el Estado mexicano, los errores no siempre tienen responsables, pero siempre tienen factura pública.
