Por más insistencia en negar la presencia estructural de la extorsión en la Ciudad de México, la narrativa oficial fue rebasada este jueves por los hechos. A unos pasos de Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas y vigiladas del país, se registró un aparatoso enfrentamiento a balazos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una banda dedicada a la extorsión.

El tiroteo ocurrió en la calle Río Ebro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un policía resultó herido de bala en el abdomen y seis presuntos delincuentes fueron detenidos, tras un operativo que incluyó vigilancia encubierta y el despliegue de un helicóptero de la agrupación Cóndores.

De acuerdo con la SSC, el operativo se activó tras una denuncia de extorsión contra una empresa de paquetería. Elementos de inteligencia realizaron vigilancias fijas y móviles para proteger a las víctimas y ubicar a los responsables, quienes —según el parte oficial— acudieron armados al punto acordado.

“Durante la vigilancia se detectó que los presuntos extorsionadores arribaron armados y, ante la inminente situación de riesgo, los policías decidieron intervenir para su detención”, informó la dependencia.
Sin embargo, al intentar asegurar a los sospechosos, uno de ellos abrió fuego contra los agentes, lo que derivó en un intercambio de disparos en plena vía pública.

En una primera acción fueron detenidos cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Minutos después, otras dos personas fueron aprehendidas en la misma zona.

El episodio ocurre en un contexto políticamente incómodo para el gobierno capitalino. Apenas horas después del tiroteo, Clara Brugada anunció la reactivación de la Coordinación Metropolitana con las gobernadoras del Estado de México, Morelos y Guerrero para combatir, entre otros delitos, la extorsión.

“No sólo combatir el robo de vehículos, sino retomar esta Coordinación Metropolitana para enfrentar la extorsión, que es uno de los delitos que más lastima a la población”, afirmó Brugada tras la reunión.

El acuerdo contempla la creación de un C5 Metropolitano, reformas legislativas para endurecer penas, mayor control sobre motocicletas —incluido el uso de casco y chaleco— y la instalación de más arcos lectores para detección de vehículos robados.