Funcionarios federales, legisladores, ministros de la Corte, gobernadores y exintegrantes del gabinete concentran concesiones de agua que, en conjunto, equivalen a más de 2 mil 500 albercas olímpicas al año, en medio de la aprobación de un nuevo marco legal hídrico marcado por la polémica.
Una revisión al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) revela que al menos 31 figuras políticas que han ocupado cargos relevantes durante los últimos siete años cuentan con concesiones vigentes para el uso de más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año. El volumen autorizado equivale a 2 mil 511 albercas olímpicas, una cifra que contrasta con la crisis hídrica que enfrentan amplias regiones del país.
La información, documentada por EL UNIVERSAL, muestra que las concesiones están distribuidas entre legisladores federales, gobernadores en funciones, exgobernadores, ministros del Poder Judicial y exfuncionarios del Ejecutivo, pertenecientes prácticamente a todos los partidos políticos.
Los mayores volúmenes concesionados
El político con el mayor volumen de agua concesionada es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, quien posee tres títulos en el estado de Yucatán que le permiten utilizar 1 millón 402 mil 11 metros cúbicos de agua al año. Uno de los permisos fue otorgado en 2003 y los otros dos en 2014.
Ramírez Marín explicó que el agua se utiliza para riego agrícola en su rancho “Tierra de osos”, ubicado en la comisaría de Motul, aunque reconoció que actualmente la actividad productiva es mínima. En sus más recientes declaraciones patrimoniales no reportó dicho rancho ni bienes inmuebles, situación que atribuyó a que la propiedad se encuentra registrada en varios predios.
En segundo lugar aparece la diputada federal y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien cuenta con cuatro concesiones en Nuevo León que suman 1 millón 77 mil 136 metros cúbicos de agua anuales, registradas desde finales de la década de 1990. Durante la sequía que afectó a la entidad en 2022, la legisladora aseguró que su familia, dedicada históricamente a la agricultura, hace un uso responsable del recurso.
Otro de los nombres relevantes es el de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene una concesión por 600 mil metros cúbicos de agua al año en Nuevo León. En 2020, investigaciones periodísticas señalaron que la empresa Enerall, fundada por Romo, concentra 16.8 millones de metros cúbicos de agua en 23 concesiones, principalmente en Yucatán. Tras el escándalo, Romo dejó su cargo en el gobierno federal.
Gobernadores con títulos de agua
Entre los mandatarios estatales en funciones también figuran concesiones vigentes. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, posee siete títulos que le permiten explotar 381 mil 951 metros cúbicos de agua al año, destinados a usos agrícolas y pecuarios. Los registros se realizaron entre 1998 y 2025 y están ubicados tanto en Tamaulipas como en Guanajuato.
El caso llama la atención porque Villarreal ha sostenido públicamente una postura contraria a la privatización del agua y ha defendido que el recurso debe servir para garantizar justicia social.
En el mismo listado aparecen Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador de Durango, con dos concesiones obtenidas en 2023 y 2024, ya en funciones, por 69 mil 500 metros cúbicos; David Monreal, gobernador de Zacatecas; y Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, ambos con concesiones vigentes en sus respectivos estados.
Poder Judicial y exgobernadores
Las concesiones no se limitan al ámbito político-electoral. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, cuenta con una concesión por 120 mil metros cúbicos de agua al año para uso agrícola en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El título fue registrado el 26 de agosto de 2019, cuando Ríos González se desempeñaba como funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
También figuran exmandatarios estatales como Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, quien dispone de dos concesiones por 184 mil metros cúbicos, y Rutilio Cruz Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul general de México.
Legisladores y votaciones clave
La revisión del REPDA evidencia que diputados y senadores con concesiones activas participaron directamente en la discusión y aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Entre quienes votaron a favor se encuentran los morenistas José Javier Aguirre Gallardo, Ricardo Sheffield Padilla y Óscar Cantón Zetina.
Por su parte, el exgobernador de Guanajuato y senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, cuenta con tres concesiones por 249 mil 365 metros cúbicos, mientras que el diputado priista Mario Calzada Mercado tiene un título por 240 mil metros cúbicos.
La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, aparece en los registros con dos concesiones por 640 mil metros cúbicos, aunque afirmó que los títulos ya no están vigentes tras la venta de la propiedad asociada en 2023. Aun así, votó a favor de la reforma.
Legisladores del PRI y del PAN como Juan Antonio Martín del Campo y Francisco Javier Ramírez Acuña, quienes votaron en contra de la ley, también figuran como concesionarios.
Otros diputados mencionados —Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Narro Céspedes y Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo— señalaron que sus concesiones fueron otorgadas conforme a la ley y que se ajustarán a los cambios derivados de la nueva legislación.
La ley y la controversia
La aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se dio el 4 de diciembre, en medio de manifestaciones de campesinos y agricultores de estados como Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Un especialista con experiencia en la Conagua advirtió que los cambios legales concentran mayor control del recurso en el Estado y podrían derivar en opacidad en la reasignación de concesiones.
Mientras el debate político se intensifica, los registros oficiales exhiben una constante: el acceso al agua, aun en un contexto de escasez, sigue concentrado entre quienes han ocupado o ocupan posiciones de poder, con títulos legales, pero bajo un creciente escrutinio público.
