El explosivo aumento en los aseguramientos de fentanilo en México no es una casualidad ni el resultado espontáneo de una estrategia nacional largamente planeada. Es, ante todo, la evidencia tangible de una reconfiguración política y de seguridad forzada por la presión directa de Estados Unidos sobre el nuevo gobierno mexicano.
Durante los primeros diez meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, las fuerzas federales incautaron 554 kilos de fentanilo, una cifra que supera en 213 kilos todo lo decomisado en 2024. El incremento, de 62%, no sólo rompe récords recientes: marca un viraje claro respecto a la política de contención pasiva y negación que caracterizó buena parte del sexenio anterior, según información del periódico El Universal.
El dato es contundente. Entre 2018 y 2023, México aseguró 4 mil 572 kilos del opioide sintético. En apenas un año, el ritmo actual anticipa que el nuevo sexenio podría cerrar con cifras históricas. La pregunta no es si el Estado mexicano ahora combate más al fentanilo, sino por qué lo hace ahora y bajo qué condiciones.
La respuesta está al norte del Río Bravo.
Trump, el fentanilo y la doctrina de la amenaza existencial
El 16 de diciembre, Donald Trump firmó un decreto que clasifica al fentanilo como arma de destrucción masiva. La comparación no es menor: equiparar un estupefaciente con armas químicas o biológicas abre la puerta jurídica, política y militar a acciones extraordinarias, dentro y fuera del territorio estadounidense.
No se trata de una exageración retórica. En la lógica de Washington, esta designación permite operaciones militares, sanciones financieras masivas, congelamiento de activos y judicialización extraterritorial contra cárteles y actores vinculados al tráfico. México, inevitablemente, queda atrapado en esa narrativa.
El mensaje implícito es claro: si México no actúa, Estados Unidos lo hará.
De la negación a la contención activa
Expertos en seguridad coinciden en que el cambio de estrategia bajo el gobierno de Sheinbaum es evidente. La Guardia Nacional, el Ejército y el llamado Operativo Frontera Norte han intensificado acciones no sólo contra el narcotráfico, sino también contra la migración irregular, evitando que Washington tenga el pretexto político para construir un nuevo muro… o algo peor.
El foco no es abstracto. Desde hace años, Estados Unidos colocó al cártel de Los Chapitos como objetivo prioritario. El fallido operativo de 2019 —el Culiacanazo—, la posterior captura de Ovidio Guzmán en 2023 y, más recientemente, el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por un miembro del propio clan Guzmán, demostraron que Washington estaba dispuesto a saltarse reglas si México no entregaba resultados.
Sheinbaum entendió el mensaje.
Ante amenazas abiertas de aranceles, presiones por el tratado de aguas, advertencias sobre acero, aluminio y autopartes, el nuevo gobierno optó por mostrar músculo operativo. Los decomisos de fentanilo funcionan así como moneda de cambio diplomática.
El riesgo de normalizar la intervención
Pero este giro tiene un costo. Calificar al fentanilo como arma de destrucción masiva no sólo criminaliza su producción y tráfico: redefine a los cárteles como actores terroristas, susceptibles de ser combatidos con lógicas de guerra.
Eso implica un riesgo mayor para México. Bajo esta narrativa, Estados Unidos podría justificar operaciones unilaterales, mayor presencia de inteligencia, drones, fuerzas especiales y presión directa sobre instituciones financieras mexicanas.
El combate al fentanilo, necesario y urgente, corre el peligro de convertirse en la antesala de una cesión de soberanía, normalizada bajo el argumento de la cooperación.
¿Estrategia nacional o obediencia estratégica?
Los récords de aseguramientos no deben leerse únicamente como éxito operativo. Son también un síntoma de dependencia geopolítica. México combate al fentanilo no porque haya construido una política integral de salud, prevención y desmantelamiento financiero, sino porque Estados Unidos lo exige.
Mientras Washington define la amenaza y dicta el ritmo, México responde con decomisos, operativos y cifras espectaculares. Pero el fondo del problema —la producción, la corrupción, las rutas financieras y el consumo en Estados Unidos— permanece intacto.
La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable:
¿México está diseñando su propia estrategia de seguridad o simplemente ejecuta la agenda de Washington para evitar sanciones, aranceles o una intervención directa?
Por ahora, los kilos de fentanilo incautados funcionan como prueba de buena conducta. El problema es que, en la lógica estadounidense, nunca son suficientes.
