La entrega de 37 integrantes de organizaciones criminales mexicanas a Estados Unidos fue presentada por Washington como una victoria estratégica de la administración de Donald Trump. Para la fiscal general Pam Bondi, se trata de un “logro histórico” dentro de la ofensiva contra los cárteles, una narrativa que busca colocar a la Casa Blanca como el actor decisivo en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

Desde la óptica estadounidense, la operación no sólo confirma la cooperación bilateral, sino que refuerza el discurso de que los cárteles mexicanos son “organizaciones terroristas extranjeras”, una clasificación que Trump impulsó desde su regreso al poder. Bajo ese marco, los extraditados no son simples criminales: son enemigos del Estado norteamericano.

El caso de Pedro Insunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, y de su hijo, resulta simbólico. Ambos fueron los primeros capos mexicanos acusados formalmente de narcoterrorismo en 2025, una figura jurídica que permite endurecer penas, ampliar facultades de persecución y justificar una presión política mucho mayor sobre México.

Para Trump, la entrega masiva sirve como trofeo político. Para México, en cambio, implica aceptar una narrativa que erosiona su soberanía jurídica y coloca al país en la posición de proveedor de “objetivos” para la justicia estadounidense.

Cooperación o subordinación

El embajador Ronald Johnson reforzó esta lectura al afirmar que la transferencia de los 37 criminales demuestra una cooperación “histórica” entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. En su mensaje, el diplomático subrayó la voluntad compartida de desmantelar redes de narcotráfico “dondequiera que operen”.

Sin embargo, el lenguaje empleado —“narcoterroristas”, “organizaciones terroristas extranjeras”— no es neutro. Refleja una estrategia discursiva que justifica una mayor intervención de Washington en los asuntos de seguridad mexicanos, ya sea mediante presión diplomática, condicionamiento de ayuda o incluso acciones encubiertas.

La respuesta de Gerardo Fernández Noroña, al precisar que se trata de narcotraficantes y no de terroristas, revela la incomodidad interna ante esa clasificación. No es un simple matiz semántico: llamar terrorista a un criminal cambia por completo el marco legal, político y geopolítico del conflicto.

El mensaje real de Trump

Más allá de los comunicados oficiales, la operación envía un mensaje claro: Trump quiere resultados visibles, rápidos y medibles. No le interesan reformas estructurales, ni diagnósticos complejos sobre el crimen organizado. Le interesan capturas, traslados y juicios en cortes estadounidenses.

La entrega de los 37 capos no sólo fortalece su narrativa de “mano dura”, también presiona a México para seguir entregando nombres, expedientes y objetivos prioritarios. El precedente ya está sentado: cuando Washington exige, México responde.

El costo para México

Mientras Estados Unidos presume el éxito, México enfrenta el desgaste político. La cooperación es presentada como colaboración histórica, pero también como aceptación tácita del enfoque estadounidense: los cárteles son terrorismo, y el campo de batalla ya no es sólo mexicano.

La pregunta central no es si los criminales deben ser juzgados —eso es incuestionable—, sino quién define las reglas, el lenguaje y la estrategia. Hoy, esa definición parece venir desde Washington.

Y Trump, una vez más, convierte la seguridad regional en capital político propio.