La presión política e institucional sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se intensificó luego de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la exhortara a separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo, Carlos Torres, por presuntos vínculos con el crimen organizado. En paralelo, el Congreso del estado sí cuenta con facultades para emitir un exhorto formal, una vía que ya es evaluada por legisladores de oposición.

De acuerdo con la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, el Congreso no puede remover directamente a la gobernadora sin un juicio político o causa grave acreditada. Sin embargo, sí puede aprobar exhortos, acuerdos parlamentarios o posicionamientos institucionales para solicitar que la titular del Ejecutivo pida licencia de manera voluntaria.

Fuentes legislativas confirmaron que diputados del PAN y otras fuerzas opositoras analizan presentar un exhorto con el argumento de no entorpecer investigaciones federales y preservar la confianza institucional, especialmente en un estado fronterizo y estratégico como Baja California.

Hasta ahora no existe una iniciativa formal presentada en el pleno, pero el tema ya se discute en el ámbito político interno del Congreso.

El llamado del Sistema Nacional Anticorrupción

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con sistemas estatales y organizaciones civiles, emitió un comunicado fechado el 22 de enero, en el que pidió expresamente que la gobernadora solicite licencia y se separe temporalmente del cargo.

“Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad; es una medida prudente para proteger el interés público, la gobernabilidad y la confianza institucional”, señaló Vania Pérez Morales, presidenta del SNA.

Los firmantes subrayaron que, por el contexto de violencia y criminalidad en la región, cualquier señalamiento que implique una posible vulneración del Estado de derecho exige respuestas institucionales firmes.

Marina del Pilar reconoce investigación contra Carlos Torres

El miércoles 21 de enero, la propia Marina del Pilar admitió públicamente que su exesposo, Carlos Torres, es investigado por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con información difundida por N+, Torres habría recibido hasta 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación de la facción criminal Los Rusos en la capital del estado.

En la carpeta de investigación, también aparece Luis Alfonso Torres, excuñado de la gobernadora, como presunto líder de una red encargada de operaciones administrativas de recursos ilícitos, uso de empresas fachada y financiamiento de campañas políticas.

Antecedentes y contexto binacional

Los señalamientos contra el entorno familiar de la gobernadora no son nuevos. En mayo de 2025, tras la revocación de las visas estadounidenses de Marina del Pilar y Carlos Torres, el semanario Zeta de Tijuana reveló detalles sobre indagatorias abiertas en México y Estados Unidos.

Del lado estadounidense, un funcionario citado por el semanario señaló que Carlos Torres es investigado por presunto lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros delitos. En México, aparece vinculado a evasión fiscal, corrupción, huachicol, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Gobernadora descarta separarse del cargo

Pese al llamado del SNA y a la presión de sectores políticos y sociales, Marina del Pilar ha descartado solicitar licencia. La mandataria sostiene que no existe imputación alguna en su contra y que la investigación contra su expareja no afecta el desempeño de su gobierno.

No obstante, organizaciones civiles advierten que la permanencia de la gobernadora en el cargo, en medio de una investigación federal de alto impacto, puede erosionar la confianza pública y debilitar la credibilidad institucional en Baja California.

Lo que sigue

Aunque el Congreso de Baja California no puede obligar legalmente a la gobernadora a separarse del cargo, un exhorto legislativo tendría un alto peso político. Si la investigación federal avanza o surgen nuevos elementos, el caso podría escalar hacia un conflicto institucional de mayores dimensiones en uno de los estados más sensibles del país en materia de seguridad y crimen organizado.