Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya, se reportan en estado delicado tras ser baleados en Culiacán, en un ataque que evidencia el colapso de la seguridad en Sinaloa y su impacto directo en la vida política, justo cuando el estado entra en la antesala de un nuevo ciclo electoral.
El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que ambos legisladores permanecen hospitalizados bajo manejo médico especializado. Torres fue sometido a cirugía de emergencia, mientras que Montoya requerirá intervenciones quirúrgicas adicionales. Aunque el escolta que los acompañaba se encuentra fuera de peligro, las autoridades evitaron precisar los sitios donde recibieron los impactos de bala.
“Mientras estén hospitalizados, los consideramos delicados”, subrayó el funcionario, corrigiendo versiones previas del gobernador Rubén Rocha Moya, quien había declarado que la diputada estaba fuera de riesgo.
Violencia política en un estado bajo presión
El atentado se produce en un momento crítico. Sinaloa vive un repunte de violencia, marcado por ajustes de cuentas, disputas territoriales y un clima de incertidumbre que se intensificó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa.
Especialistas advierten que la captura del capo provocó un reacomodo interno del crimen organizado, con consecuencias directas en la seguridad pública, particularmente en Culiacán, donde la violencia ha escalado y los mensajes criminales se han vuelto más visibles.
Comicios, poder y advertencias
El ataque contra los legisladores de MC ocurre cuando se calientan las disputas electorales, se redefinen alianzas políticas y comienzan los movimientos rumbo a los comicios locales y federales. Movimiento Ciudadano ha asumido una posición crítica frente al gobierno estatal, lo que añade una lectura política inevitable al atentado.
En este contexto, el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta presión creciente por el deterioro de la seguridad. Mientras el discurso oficial insiste en que los hechos son aislados, la violencia alcanzó ya a representantes populares, elevando el costo político de la crisis.
Intervención federal y promesa repetida
Tras la agresión, el Gabinete de Seguridad federal anunció la creación de una célula especializada en inteligencia e investigación para identificar y detener a los responsables, en coordinación con autoridades estatales.
“No habrá impunidad”, afirmó el Gobierno federal, una promesa recurrente en un estado donde la percepción ciudadana es de impunidad estructural y donde los crímenes de alto impacto rara vez se esclarecen.
El ataque contra los diputados no es solo un hecho delictivo, sino un mensaje político y criminal en un Sinaloa marcado por el reacomodo tras la caída de El Mayo Zambada, los juegos de poder locales y una competencia electoral que se perfila bajo la sombra de la violencia.
