Diego ‘N’, exalcalde de Tequila, Jalisco, quedó formalmente vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado, tras una audiencia maratónica celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano. La decisión judicial no sólo confirmó la solidez inicial de la acusación, sino que endureció su panorama penal: podría enfrentar hasta 90 años de prisión.

El juez de control Mario Elizondo avaló los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señalan como parte de un entramado político-criminal que habría operado en Tequila mediante extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y torturas para imponer control territorial y electoral.

En la diligencia —realizada de forma digital— el exedil apareció con uniforme penitenciario y el número de interno 6412. Junto a él fueron vinculados Juan Manuel ‘N’, exdirector de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel ‘N’, exdirector de Catastro.

La acusación: secuestro para reconfigurar una candidatura

Según la imputación federal, el 24 de marzo de 2021 fueron privados de la libertad Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la alcaldía de Tequila, y Julio Alejandro García Gutiérrez, aspirante suplente.

La narrativa ministerial sostiene que ambos fueron trasladados a una casa de seguridad, donde fueron agredidos y forzados a firmar su renuncia ante notario. El objetivo, afirma la Fiscalía, era despejar la contienda interna y favorecer a otro perfil político.

Tras esos hechos, Juan Gabriel ‘N’ asumió la candidatura en 2021, aunque no ganó. Posteriormente reapareció en la escena política local junto a Diego ‘N’ en 2024. De acuerdo con la FGR, esa campaña habría contado con respaldo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que el grupo mantendría vínculos desde antes de tomar el gobierno municipal.

Agravantes por calidad de servidor público

En un giro relevante, el juez reclasificó los delitos al considerar que los acusados ejercían funciones públicas al momento de los hechos o que utilizaron su posición para facilitar la conducta ilícita. Esa modificación impacta directamente en la penalidad prevista en el Código Penal Federal.

El nuevo rango coloca la posible condena entre 40 y 90 años de prisión, dependiendo del resultado del juicio.

A los cargos se suma la denuncia de un empresario que afirmó haber sido víctima de extorsión mediante el cobro de derecho de piso, presuntamente instrumentado desde estructuras municipales.

Cuatro meses de investigación complementaria

El juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Durante ese periodo, Diego ‘N’ permanecerá en prisión preventiva.

El caso abre un frente delicado en la discusión sobre la penetración de organizaciones criminales en gobiernos municipales y procesos electorales locales. En esta etapa, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para llevar el proceso a juicio. La sentencia, en su caso, podría marcar un precedente de alta severidad contra la captura criminal de estructuras de poder local.