La decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de suspender operaciones en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, durante varias horas bajo el argumento de “seguridad especial”, encendió una nueva alerta en la frontera. Aunque la restricción fue levantada antes del mediodía, el mensaje político ya estaba instalado: los drones del crimen organizado son considerados una amenaza activa para Estados Unidos.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que el ejército estadounidense estaba derribando drones presuntamente vinculados con cárteles mexicanos. Lo dijo en medio de una comparecencia por el caso Epstein, pero subrayó que el combate a los sistemas aéreos no tripulados del narcotráfico era un asunto prioritario.

La versión oficial coincidió con reportes de medios estadounidenses que hablaron de una operación antidrones que incluyó pruebas con tecnología láser autorizadas por el Pentágono y ejecutadas por la Oficina de Aduanas. El perímetro afectado incluyó el espacio aéreo en torno a El Paso y zonas aledañas como Santa Teresa, Nuevo México, aunque no tocó territorio mexicano.

Desde el segundo semestre de 2024, agencias estadounidenses aseguran haber detectado hasta 150 drones diarios sobrevolando la línea fronteriza. El Departamento de Seguridad Interna ha sostenido que los cárteles emplean estos dispositivos para cruzar fentanilo, vigilar patrullajes y transportar contrabando. Incluso advirtió en 2025 que un ataque con drones desde México era “cuestión de tiempo”.

En ese contexto, el senador republicano John Cornyn respaldó el cierre aéreo y calificó a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional. El tono coincide con la narrativa del presidente Donald Trump, quien esta semana reiteró su intención de “atacar en tierra” a organizaciones criminales en América Latina para frenar el flujo de narcóticos hacia su país.

Más que drones: el encuadre estratégico

El fenómeno de los narcodrones no es nuevo. En México, distintos grupos criminales han utilizado dispositivos comerciales modificados para lanzar explosivos o realizar labores de vigilancia, particularmente en estados como Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Sin embargo, la dimensión que ahora adquiere el tema en el discurso estadounidense apunta más allá del combate táctico.

La Casa Blanca ya emitió en junio de 2025 un decreto que vincula directamente a los cárteles con el uso de sistemas aéreos no tripulados para introducir fentanilo y amenazar a fuerzas de seguridad. El FBI confirmó que envió personal a México para capacitar a autoridades locales en la respuesta frente a estos artefactos.

Pero la pregunta central no es tecnológica, sino política.

El cierre del aeropuerto de El Paso —aunque breve— funcionó como una demostración de capacidad y voluntad. Washington mostró que puede militarizar la respuesta ante una amenaza aérea en la frontera sin necesidad de consenso bilateral. Y lo hizo en un momento en que Trump endurece su discurso sobre intervenciones “en tierra”.

¿Escalada inevitable?

En términos estratégicos, la narrativa del “ataque inminente” cumple dos funciones: legitimar medidas extraordinarias ante la opinión pública estadounidense y presionar al gobierno mexicano para asumir una postura más alineada con la agenda de seguridad de Washington.

Para México, el riesgo es doble. Por un lado, la confirmación de que los cárteles operan drones con capacidad ofensiva erosiona la percepción de control territorial. Por otro, la posibilidad de que Estados Unidos utilice ese argumento para justificar acciones unilaterales —ya sea cibernéticas, aéreas o incluso incursiones selectivas— abre un escenario de tensión diplomática mayor.

La historia reciente demuestra que las amenazas a la “seguridad nacional” de Estados Unidos suelen convertirse en doctrinas de acción. Si los narcodrones se consolidan como símbolo de vulnerabilidad fronteriza, el paso siguiente podría ser la formalización de operaciones más agresivas.

El episodio de El Paso no fue un simple cierre preventivo. Fue una señal. La incógnita es si se trató de una reacción puntual ante inteligencia específica o del ensayo de un nuevo marco de intervención.

En un año electoral polarizado en Estados Unidos, el combate frontal a los cárteles ofrece dividendos políticos inmediatos. La frontera vuelve a ser escenario, argumento y plataforma. Y los drones, más que armas, parecen convertirse en el catalizador narrativo de una escalada que apenas comienza.