La sentencia contra el general José Antonio Ramos Arévalo volvió a encender las alarmas sobre el manejo de recursos públicos en áreas bajo conducción castrense. Un tribunal lo condenó a cinco años de prisión por falsificación de hechos y documentos relacionados con la adquisición de un helicóptero Eurocopter EC-145 destinado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La operación, por 7.6 millones de dólares, fue señalada como sobrevaluada y sustentada con documentación alterada.

El aparato habría sido utilizado durante la gestión del ex procurador Jesús Murillo Karam. Más allá del destino de la aeronave, el fallo judicial marca un precedente: no se trata de una simple observación administrativa, sino de una condena penal por manipulación documental en una compra pública.

EL HISTORIAL NO ES AISLADO: El caso Ramos Arévalo se inserta en una cadena de episodios que han involucrado a altos mandos militares y navales en México, con desenlaces distintos.

Más recientemente, el brigadier general Eduardo León Trauwitz fue acusado de encabezar una red vinculada al robo de combustible cuando estaba al frente de la seguridad física de Pemex; el caso derivó en órdenes de captura y procesos aún en litigio.

La expansión de tareas civiles hacia mandos castrenses trasladó el foco a sectores estratégicos como puertos y aduanas. Investigaciones federales por contrabando de combustibles -huachicol fiscal- alcanzaron al vicealmirante

En ese contexto, reportes periodísticos señalaron vínculos de parentesco y relación jerárquica con el almirante Rafael Ojeda Durán, entonces titular de Marina. Hasta ahora, esos señalamientos no se han traducido en una condena judicial contra Ojeda.

El caso del general André Georges Foullon Van Lissum (Subsecretario de la Defensa Nacional) nombrado el 21 de junio de 2023 como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de combatir la corrupción y el contrabando, sin embargo, investigaciones en el 2025 señalaron irregularidades durante su gestión en la ANAM, incluyendo la adjudicación directa de un contrato de al menos 562 millones de pesos para la operación de centros de datos a una empresa sin experiencia en el ramo. 

En paralelo, el general Luis Crescencio Sandoval, ex secretario de la Defensa Nacional -institución ahora bajo el mando del general Ricardo Trevilla– enfrentó cuestionamientos mediáticos por asignaciones de contratos directos y por el uso o adquisición de un departamento de alta gama en la Ciudad de México. Tampoco existe sentencia penal en su contra; los señalamientos permanecen en el terreno periodístico y de auditorías.

Los expedientes comparten rasgos: compras de alto valor, discrecionalidad operativa y control de sectores estratégicos, en un contexto donde las Fuerzas Armadas han ampliado su presencia en seguridad pública, infraestructura y comercio exterior, la condena por el Eurocopter “inflado” reabre una pregunta estructural: ¿existen controles civiles y mecanismos de transparencia suficientes cuando el poder administrativo y presupuestal se concentra en instituciones castrenses?