La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado una reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un límite a las pensiones de ex funcionarios de alto nivel en organismos públicos federales. La propuesta fija que ninguna jubilación podrá rebasar el 50% de la remuneración neta que actualmente percibe la titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida alcanzaría al menos a 6 mil 297 ex servidores públicos de confianza y permitiría generar economías cercanas a 5 mil millones de pesos anuales, recursos que, según la mandataria, se destinarían a programas sociales.
¿A quiénes impacta?
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el ajuste no tocará a trabajadores sindicalizados ni de base, sino exclusivamente a ex mandos de confianza en empresas productivas del Estado, banca de desarrollo, fideicomisos y organismos descentralizados.
En el desglose presentado:
- En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se identificaron 2 mil 199 jubilados con pensiones superiores al salario presidencial, lo que implica un gasto anual estimado de 4 mil 500 millones de pesos.
- En Petróleos Mexicanos (Pemex) se registran 544 casos, con un costo de mil 827 millones de pesos anuales.
- En la extinta Luz y Fuerza del Centro, más de 14 mil ex trabajadores de confianza perciben pagos que en conjunto superan los 27 mil millones de pesos al año; de ellos, 3 mil 504 reciben montos mayores al sueldo presidencial.
- También se reportaron pensiones que exceden el tope en Nacional Financiera (9 casos), Banobras (19) y Bancomext (22), con un impacto conjunto superior a 2 mil 400 millones de pesos anuales.
Sheinbaum ejemplificó el alcance de la reforma al señalar que quienes hoy reciben hasta un millón de pesos mensuales de pensión quedarían sujetos al nuevo límite, equivalente a poco más de 70 mil pesos al mes.
Reforma constitucional y límites legales
La consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, explicó que la modificación constitucional establecerá con claridad el tope sin vulnerar derechos adquiridos derivados de contratos colectivos. El diseño busca diferenciar entre beneficios contractuales de trabajadores sindicalizados y pensiones otorgadas a mandos de confianza bajo esquemas administrativos.
Ex ministros fuera del alcance
La Presidenta confirmó que la reforma no incluirá a ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el tema no quedó incorporado en la reciente reforma al Poder Judicial. En consecuencia, las pensiones de ex integrantes del máximo tribunal permanecerán sin cambios.
En contraste, adelantó que en la próxima reforma electoral propondrá que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no perciban remuneraciones superiores a la del Ejecutivo federal, ante los amparos que algunos promovieron para mantener sus ingresos.
Debate abierto
La propuesta abre un nuevo frente político y jurídico. Por un lado, el Gobierno argumenta que el ajuste responde al principio constitucional de austeridad y al mandato de que ningún servidor público gane más que la Presidenta. Por otro, especialistas anticipan que la redacción final deberá sortear posibles litigios por derechos adquiridos y criterios de irretroactividad.
El Senado tendrá ahora la última palabra en una discusión que combina finanzas públicas, justicia laboral y el discurso de austeridad que ha marcado la narrativa de la llamada Cuarta Transformación.
