La Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) informó que durante 2025 logró interceptar 4 mil 359 armas de fuego que, según sus investigaciones, tenían como destino organizaciones criminales en México. La cifra, presentada como parte de los resultados obtenidos desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, representa apenas alrededor del 3% del total estimado de armamento que cruza ilegalmente la frontera sur estadounidense cada año.

Aunque el reporte oficial destaca el número como un avance en los operativos contra el tráfico ilícito, la agencia no ofreció comparativos con años anteriores ni precisó el universo total de armas que se calcula son enviadas hacia México. Diversos estudios académicos y reportes de autoridades mexicanas han estimado que decenas de miles de armas ingresan anualmente al país desde Estados Unidos, muchas adquiridas legalmente en estados con regulaciones laxas y posteriormente desviadas al mercado negro.

Un flujo constante hacia los cárteles

El tráfico de armas ha sido señalado de manera reiterada por el gobierno mexicano como uno de los principales factores que potencian la capacidad operativa de grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Fusiles de asalto, armas calibre .50, pistolas semiautomáticas y municiones de alto poder suelen figurar entre los decomisos realizados por fuerzas federales en territorio nacional.

Autoridades mexicanas han sostenido que entre el 70% y el 90% de las armas aseguradas en escenas del crimen y posteriormente rastreadas provienen de Estados Unidos. La facilidad de adquisición en ferias de armas, compras “hormiga” y el uso de prestanombres —los llamados straw purchasers— forman parte del esquema habitual para abastecer a las organizaciones criminales.

Contexto bilateral

El tema ha sido recurrente en la agenda bilateral. Desde la cancelación de la Iniciativa Mérida y la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, el combate al tráfico de armas es uno de los ejes declarados de cooperación entre ambos países. Sin embargo, la baja proporción de intercepciones exhibe la dificultad estructural para frenar el flujo.

Para México, el contraste es delicado: mientras Washington exige mayores resultados en la contención del fentanilo y otras drogas sintéticas, el volumen de armas que cruzan hacia el sur sigue siendo desproporcionadamente mayor al número de aseguramientos reportados por las autoridades estadounidenses.

Impacto en la violencia

Especialistas en seguridad advierten que el tráfico constante de armamento no solo fortalece la capacidad de fuego de los cárteles, sino que eleva la letalidad de los enfrentamientos entre grupos rivales y contra fuerzas del Estado. Episodios recientes en entidades como Jalisco, Sinaloa o Michoacán han mostrado el uso de armas de grado militar y dispositivos modificados.

El dato de la ATF —4 mil 359 armas interceptadas— adquiere otra dimensión si se compara con los decomisos anuales en México, que superan ampliamente esa cifra. La disparidad refuerza la percepción de que el esfuerzo de contención en el lado estadounidense resulta insuficiente frente a la magnitud del fenómeno.

Mientras ambos gobiernos insisten en la cooperación estratégica, la estadística de 2025 abre nuevamente el debate sobre la corresponsabilidad en la crisis de violencia que vive México y sobre la efectividad real de las medidas adoptadas para frenar el tráfico de armas en la frontera más transitada del mundo.