La impresión de 521 millones de boletas que no se utilizaron en la elección judicial de 2025, con un costo estimado de 672 millones de pesos, dejó de ser una anécdota administrativa para convertirse en un problema político y potencialmente jurídico para la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.
Las observaciones fueron formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó irregularidades en contratos vinculados con la producción de material electoral. Aunque una auditoría no implica automáticamente sanción, sí abre la puerta a responsabilidades administrativas y, eventualmente, a investigaciones por daño patrimonial.
El señalamiento no se dirige al Consejo General en pleno, sino a la estructura administrativa encabezada por la Presidencia del Instituto. Consejeros electorales han sido explícitos: la Presidencia tiene facultades exclusivas sobre nombramientos administrativos, supervisión contractual y ejecución presupuestal.
Si la sobreimpresión de boletas fue resultado de una mala planeación, la responsabilidad sería operativa.
Si fue consecuencia de decisiones contractuales sin sustento técnico suficiente, la discusión cambia de terreno: se hablaría de posible daño al erario.
En términos jurídicos, podrían analizarse tres rutas: Responsabilidad administrativa grave, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Resarcimiento por daño patrimonial, si se acredita afectación financiera al Estado. En un escenario extremo, una vertiente penal por uso indebido de atribuciones o peculado, lo cual requeriría pruebas de intención o beneficio indebido y correspondería investigar a la Fiscalía General de la República.
¿Error técnico o negligencia presupuestal?
Toda elección implica márgenes de seguridad en impresión de boletas. El problema es la proporción.
La cifra —521 millones sin utilizar— no parece un simple colchón preventivo; representa un volumen extraordinario.
Si la ASF concluye que hubo una sobreestimación injustificada o contratos mal estructurados, podría promover pliegos de observaciones y turnar responsabilidades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La pregunta central es si el gasto fue: Una previsión sobredimensionada, una mala ejecución administrativa o una cadena de decisiones contractuales deficientes.
Más allá del expediente técnico, el impacto político es severo. El INE enfrenta presiones presupuestales constantes y debates sobre su costo operativo. En ese contexto, 672 millones de pesos en material inutilizado erosionan la narrativa de eficiencia institucional.
Para Taddei, el desafío es doble: solventar jurídicamente las observaciones y contener el desgaste político. Si el Instituto logra justificar técnicamente la decisión, el caso quedará en el ámbito administrativo. Si no, podría convertirse en el expediente más delicado de su gestión
