La propuesta de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido alertas en el ámbito político y académico. El proyecto contempla la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la desaparición de las 32 senadurías de representación proporcional y cambios sustantivos en la asignación de diputados plurinominales.

Adiós al PREP con el cuento del ahorro

Uno de los ejes más polémicos es la intención de suprimir el PREP en elecciones federales y locales, bajo el argumento de que se trata de un mecanismo costoso e innecesario. En 2024, el programa representó un gasto de 237.3 millones de pesos, cifra que equivale a menos de medio punto porcentual del presupuesto total de esa elección, que ascendió a 64 mil millones de pesos.

El PREP inicia operaciones a las 20:00 horas del día de la jornada electoral y tiene como función ofrecer resultados preliminares en tiempo real, con base en las actas digitalizadas desde las casillas. Su objetivo es reducir el vacío informativo mientras los paquetes electorales llegan a las juntas distritales para el cómputo oficial.

Los ex presidentes del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, han advertido que prescindir del PREP implicaría un retroceso en materia de certeza y transparencia. A su juicio, la medida podría abrir espacios a la especulación y a conflictos postelectorales, evocando episodios como la crisis de 1988, cuando la ausencia de un sistema de información inmediata marcó profundamente la confianza pública en el proceso.

Especialistas coinciden en que el PREP no sustituye al cómputo oficial, pero sí cumple una función estabilizadora: reduce la incertidumbre, limita la propagación de rumores y aporta trazabilidad técnica al escrutinio.

Reconfiguración del Senado: menos pluris, más concentración

La iniciativa también propone eliminar las 32 senadurías de lista nacional de representación proporcional, dejando la Cámara alta integrada por 64 escaños de mayoría relativa y 32 de primera minoría, para un total de 96.

El argumento presidencial es que el Senado debe ser estrictamente una representación territorial y que quien aspire a ocupar un escaño debe buscar el respaldo directo en las entidades federativas.

Sin embargo, la aritmética electoral abre otro debate. En 2024, Morena obtuvo 67 posiciones en el Senado, equivalentes al 52 por ciento de los escaños. Bajo el nuevo esquema, y manteniendo un desempeño electoral similar en 2030, podría alcanzar 61 de 96 lugares, es decir, 64 por ciento de la Cámara. Esa proporción lo colocaría cerca de la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales.

Para la oposición, el rediseño no es neutral. Diputados y senadores del PRI y del PAN han sostenido que la eliminación de la lista nacional favorece al partido mayoritario y reduce los contrapesos.

El coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, calificó la propuesta como una “Ley Maduro”, al considerar que debilita la pluralidad y consolida prácticas como los llamados “acordeones”. Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya insistió en que la prioridad debería ser cerrar el paso al financiamiento del crimen organizado en campañas, estableciendo sanciones como la pérdida de registro por recibir recursos ilícitos.

Diputados plurinominales: cambio sin desaparición

En la Cámara de Diputados no se plantea suprimir las 200 curules de representación proporcional, pero sí modificar su mecanismo de asignación. La propuesta elimina las listas cerradas determinadas por las dirigencias partidistas y busca que todas las candidaturas compitan con mayor exposición al voto ciudadano.

Aunque el discurso oficial presenta el ajuste como un avance democrático, analistas advierten que el rediseño integral puede alterar el equilibrio construido tras décadas de reformas que buscaron abrir el sistema político y reducir la sobrerrepresentación.

El debate de fondo

Más allá de la narrativa oficial de austeridad y simplificación institucional, el debate gira en torno a un punto central: si los cambios fortalecen la legitimidad democrática o si concentran poder en la fuerza política dominante.

Eliminar el PREP podría significar un ahorro presupuestal marginal, pero con un costo potencial en términos de confianza y estabilidad postelectoral. Suprimir las senadurías plurinominales redefine el mapa de representación y puede alterar la correlación de fuerzas en el Congreso.

La reforma electoral no es solo un ajuste administrativo; es una reingeniería del sistema político. Y como toda modificación estructural, su impacto se medirá no en el corto plazo, sino en la capacidad del país para sostener elecciones creíbles, competitivas y equilibradas en los próximos años.