En vísperas de la negociación legislativa que definirá el futuro de la reforma electoral, el Gobierno federal dio a conocer los lineamientos para la operación de los Centros de Atención Infantil (Cendis) administrados por el PT en 15 estados del país.

El dato no es menor: el Presupuesto de 2026 contempla 828 millones de pesos para estos centros, lo que asegura una fuente significativa de recursos públicos para una estructura históricamente vinculada al partido que dirige Alberto Anaya.

El anuncio se produce apenas días después de que el PT se levantara de la mesa de negociación al no aceptar la reducción de financiamiento público ni la modificación al esquema de representación proporcional —las diputaciones plurinominales— contempladas en la iniciativa presidencial.

Los números detrás de los Cendis

De acuerdo con las reglas publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cada Cendi podrá disponer anualmente de recursos etiquetados de la siguiente manera:

• Hasta 700 mil pesos para mantenimiento preventivo, correctivo y medidas de protección civil.
• 577 mil pesos para pago de servicios como agua y electricidad.
• 425 mil pesos para adecuaciones y equipamiento.
• 300 mil pesos para adquisición de enseres de cocina.
• 25 mil pesos para procesos administrativos.

En promedio, el financiamiento por centro rebasa los 2 millones de pesos anuales.

Los Cendis del PT atienden a menores de entre 0 y 3 años y operan en al menos 15 entidades, constituyendo no sólo un programa educativo, sino una red territorial con presencia política.

Antecedentes judiciales y controversias

La operación de estos centros no ha estado exenta de señalamientos.

En octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación por presunto lavado de dinero a través de los Cendis en Nuevo León y otras entidades. La indagatoria señalaba a Guadalupe Rodríguez Martínez —directora de los Cendis y esposa de Anaya— por el supuesto desvío de al menos 100 millones de pesos provenientes del Gobierno de Nuevo León.

Entre los nombres mencionados en la investigación figuró Héctor Quiroz García, dirigente del PT en Aguascalientes.

Sin embargo, en septiembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya era Presidente electo, la PGR retiró la imputación. Rodríguez no compareció ante un juez ni fue detenida.

La aritmética legislativa

La reforma electoral que Sheinbaum enviará al Congreso requiere mayoría calificada —dos terceras partes de los votos— al tratarse de cambios constitucionales. En ese escenario, los votos del PT son estratégicos.

Hasta ahora, el partido ha condicionado su respaldo argumentando que la propuesta le restaría recursos y podría disminuir su número de legisladores plurinominales, base histórica de su representación.

Con los 828 millones ya etiquetados y reglas de operación formalizadas, el PT asegura financiamiento para su estructura social mientras mantiene la presión política sobre el paquete electoral.

¿Coincidencia presupuestal o mensaje político?

El calendario levanta suspicacias: la publicación de lineamientos ocurre una semana antes de que arranque formalmente la discusión legislativa.

Para críticos del Gobierno, el movimiento podría interpretarse como un “apapacho presupuestal” para un aliado incómodo. Para el oficialismo, se trata simplemente de dar certeza jurídica y operativa a un programa educativo contemplado en el Presupuesto aprobado.

En cualquier caso, la señal es clara: en el tablero de la reforma electoral, los recursos ya están en juego.