A poco más de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comenzó a mover sus piezas en el tablero político nacional, pero una de sus decisiones más sensibles podría colocar en entredicho uno de los ejes discursivos del oficialismo: el combate al nepotismo.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, adelantó una lista de perfiles que buscarán competir por nueve de las 17 gubernaturas que estarán en juego. La estrategia del partido es clara: exigir a Morena que sus aspirantes sean incluidos en las encuestas internas y que se respeten los resultados, en un intento por consolidar su peso dentro de la coalición gobernante.

Sin embargo, el punto más delicado se encuentra en San Luis Potosí, la única entidad gobernada actualmente por el Partido Verde. Ahí, aunque Velasco evitó confirmar una candidatura, dejó abierta la puerta para que la senadora Ruth González —esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo— participe en la contienda.

El solo planteamiento coloca al PVEM en una posición incómoda frente al discurso promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en erradicar prácticas de nepotismo dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Si González compite y eventualmente es postulada, el caso se convertiría en un símbolo de contradicción entre el discurso ético y la práctica política.

Velasco defendió la viabilidad legal de esa eventual candidatura, subrayando que no existe impedimento constitucional, y trasladó la decisión al ámbito personal de la senadora. No obstante, el argumento jurídico no elimina el costo político que implicaría impulsar a la esposa del mandatario saliente, en un contexto donde la narrativa oficial busca marcar distancia con las viejas prácticas del poder.

El dirigente también elevó la presión sobre Morena al advertir que, si no se respalda al PVEM en San Luis Potosí, el partido podría competir en solitario. La advertencia no es menor: el Verde reivindica su fortaleza electoral en la entidad, donde ha ganado elecciones recientes sin necesidad de coalición, y plantea una lógica de reciprocidad política frente al apoyo que brindará a Morena en otros estados.

En paralelo, el PVEM delineó su mapa de aspirantes en el resto del país, incluyendo figuras como Jasmine Bugarín en Nayarit, Waldo Fernández en Nuevo León y Karen Castrejón en Guerrero, entre otros. Con ello, el partido busca posicionarse como un actor indispensable dentro de la alianza oficialista y ampliar su margen de negociación.

El trasfondo es una disputa silenciosa por espacios de poder dentro de la coalición gobernante. Morena, como fuerza dominante, enfrenta el reto de mantener cohesionados a sus aliados sin ceder en temas que afectan su narrativa política central. El PVEM, por su parte, juega una carta estratégica: condicionar su respaldo nacional a cambio de conservar su bastión en San Luis Potosí.

Así, la eventual candidatura de Ruth González no es solo un asunto local, sino un caso que puede escalar a nivel nacional como prueba de consistencia política. Entre la legalidad y la legitimidad, el oficialismo podría enfrentar una de sus primeras tensiones estructurales rumbo a 2027.