La inhabilitación por 10 años y la multa de 6.8 millones de pesos contra el ingeniero militar Omar René Martínez Hernández por irregularidades en la contratación de maquinaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no sólo revela una falta administrativa individual: expone un problema estructural en el modelo de ejecución de obra pública bajo control militar.
El caso documenta cómo, en junio de 2021, maquinaria pesada fue recibida sin contrato formal y con una empresa que ni siquiera tenía el giro adecuado. El acuerdo se formalizó tres meses después, generando un daño patrimonial al Estado al optar por un esquema de renta más costoso que la compra.
Sin embargo, más allá del expediente, el fondo del problema apunta a un elemento clave: la decisión del gobierno federal de clasificar la construcción del AIFA como asunto de “seguridad nacional”.
Seguridad nacional: blindaje institucional… y opacidad
Durante la construcción del aeropuerto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó información clave —contratos, nombres de responsables, detalles financieros— bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
Uno de los casos más representativos fue la negativa a revelar la identidad de 23 ingenieros militares encargados de la obra, información que sólo pudo conocerse tras resoluciones de órganos autónomos y del Poder Judicial.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no existía evidencia de que hacer pública esa información pusiera en riesgo la seguridad nacional, desmontando así el argumento central de la reserva.
Incluso el INAI y otras resoluciones han reiterado que difundir datos de funcionarios militares en tareas administrativas no implica un riesgo real para el Estado, lo que evidencia un uso expansivo —y cuestionable— del concepto de seguridad nacional.
Irregularidades detectadas… pero fuera del radar público
Paralelamente, auditorías internas ya habían advertido problemas en la obra. La Secretaría de la Función Pública detectó inconsistencias graves, como la incapacidad de justificar más de mil 500 millones de pesos en gastos, falta de bitácoras, pruebas de calidad y documentación básica en varios frentes de obra.
Estos hallazgos, sin embargo, no tuvieron visibilidad pública en tiempo real debido a la clasificación de la información.
El resultado es un esquema donde:
- la ejecución queda en manos de una institución no sujeta a los mismos estándares civiles de rendición de cuentas,
- la información se reserva por largos periodos,
- y las irregularidades emergen sólo años después, cuando el daño ya está consumado.
El caso Martínez: síntoma, no excepción
La sanción contra el ingeniero militar se presenta como el primer caso público de responsabilidades administrativas graves dentro del AIFA, pero en realidad funciona como una ventana a un modelo más amplio.
El propio militar argumenta que no existe delito penal, que devolvió parte de los recursos y que la obra fue entregada sin observaciones. Su apelación mantiene el caso abierto.
Pero el punto crítico no es sólo su responsabilidad individual, sino el entorno institucional que permitió la operación: contratos extemporáneos, empresas sin perfil adecuado y decisiones financieras sin escrutinio inmediato.
Militarización de obra pública y riesgos sistémicos
El AIFA no es un caso aislado. La Sedena ha replicado el mismo criterio de reserva en otros proyectos, negando incluso los nombres de ingenieros responsables de nuevas obras bajo el argumento de seguridad del personal.
Esto configura un patrón: la expansión de funciones militares en tareas civiles acompañada de un régimen de opacidad reforzado.
En términos prácticos, el uso del concepto de “seguridad nacional” en infraestructura pública ha generado tres efectos concretos:
- Reducción del escrutinio público durante la ejecución de obras.
- Debilitamiento de los controles preventivos, sustituidos por revisiones tardías.
- Mayor margen para discrecionalidad, que puede traducirse en ineficiencia o corrupción.
Conclusión: el costo de la opacidad
El caso del ingeniero sancionado por el AIFA no es una anomalía aislada, sino la manifestación visible de un diseño institucional que privilegió la rapidez y el control político sobre la transparencia.
Cuando una obra pública se coloca bajo el paraguas de la seguridad nacional sin criterios estrictos y verificables, el resultado no es mayor seguridad: es menor rendición de cuentas.
Y en ese vacío, como ya muestra este expediente, los costos terminan trasladándose al erario.
