La decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de retirar la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a 113 organizaciones civiles encendió las alertas de organismos internacionales, al ser interpretada como un posible debilitamiento del papel de la sociedad civil en México.

Entre las organizaciones afectadas se encuentran México Evalúa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ambas con un historial de investigaciones sobre seguridad pública, uso de recursos y presuntos actos de corrupción en los gobiernos recientes. La medida implica su salida del padrón oficial de donatarias autorizadas, lo que limita de forma directa su capacidad de financiamiento.

Amnistía Internacional reaccionó con dureza al señalar que la resolución del SAT trasciende lo administrativo. En su posicionamiento, advirtió que retirar estos permisos impacta de manera inmediata la operación de organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, acompañamiento legal a víctimas, atención a la violencia de género y protección de comunidades indígenas.

El organismo internacional subrayó que, en la práctica, impedir la emisión de recibos deducibles reduce significativamente los incentivos para la donación privada, lo que se traduce en menos recursos para atender problemáticas sociales críticas. En ese sentido, alertó que los efectos no sólo se concentran en las organizaciones, sino que alcanzan directamente a las poblaciones vulnerables que dependen de su trabajo.

El SAT justificó la medida bajo el argumento de que las organizaciones no cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Sin embargo, el contexto en el que se da esta decisión ha generado suspicacias, particularmente por tratarse de organizaciones que han mantenido una postura crítica frente al poder público.

Amnistía enmarcó el caso mexicano dentro de una tendencia regional que ha identificado en su informe “Rompiendo el tejido social”, donde documenta el avance de las llamadas “leyes anti-ONG” en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador o Ecuador. Estas normativas, bajo el argumento de fortalecer la transparencia o la seguridad nacional, han derivado en controles más estrictos, cargas administrativas excesivas y mecanismos que limitan la operación de organizaciones independientes.

En el caso de México, la organización destacó que las asociaciones civiles ya enfrentan un entorno regulatorio complejo, con requisitos duplicados, supervisión constante y procesos burocráticos que restan capacidad operativa. La revocación de permisos, advirtió, podría profundizar esa tendencia.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Amnistía es el posible “doble estándar” en materia de rendición de cuentas: mientras a las organizaciones civiles se les imponen mayores exigencias, diversas instituciones públicas mantienen niveles de opacidad en el uso de recursos.

El trasfondo del debate, según el organismo, no es meramente técnico. La discusión de fondo es el equilibrio entre control estatal y libertad de acción de la sociedad civil. En ese sentido, advirtió que debilitar a las ONG reduce los contrapesos democráticos, al ser estas actores clave en la documentación de abusos, vigilancia del poder y promoción de mejores políticas públicas.

La polémica abre un nuevo frente en la relación entre el Estado mexicano y las organizaciones civiles, en un momento en que el financiamiento, la transparencia y la autonomía de estos actores se han convertido en temas centrales del debate público.

Amnistía Internacional concluyó que el país requiere reglas claras y equitativas que garanticen la transparencia sin comprometer la viabilidad de las organizaciones. De lo contrario, advirtió, el costo no será únicamente institucional, sino social: menos vigilancia, menos apoyo a víctimas y mayores espacios para la impunidad.