La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un punto crítico que ya no sólo compromete su viabilidad inmediata, sino que abre la puerta a una ruta política más agresiva: el eventual Plan C.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, describió un escenario que confirma la fragilidad del bloque oficialista. El Senado podría aprobar la reforma en lo general, pero reservar artículos clave —en especial el 35 constitucional sobre revocación de mandato— para su discusión en lo particular. Si estos no alcanzan mayoría calificada, serían eliminados antes de que la minuta llegue a San Lázaro.

El resultado sería una reforma recortada, despojada de uno de los instrumentos políticos más relevantes para el Ejecutivo.

La fractura está en casa. El Partido del Trabajo (PT) ha rechazado la propuesta de empatar la revocación de mandato con la elección federal del 6 de junio de 2027, al considerar que favorece a Morena y compromete su propio posicionamiento electoral. Su alternativa —realizarla en agosto— no ha sido aceptada, y su inconformidad quedó evidenciada con la ausencia de sus legisladores en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Aunque el dictamen avanzó con 24 votos de la mayoría y 11 en contra de la oposición, los números no garantizan que el oficialismo pueda sostener intacto el proyecto en el pleno.

En este contexto, la presidenta endureció su narrativa. Ante la posibilidad de un nuevo revés legislativo, Sheinbaum advirtió que “la gente sancionará” a quienes se opongan a la reforma. El mensaje no sólo está dirigido a la oposición, sino también a sus aliados, en un intento por cerrar filas.

Sin embargo, el trasfondo político apunta más lejos. Si el Plan B vuelve a descarrilarse —ya sea por falta de mayoría calificada o por una versión mutilada que pierda sentido estratégico—, en Morena comienza a perfilarse una tercera vía: el Plan C.

Este escenario implicaría trasladar la reforma electoral al terreno político-electoral de 2027, apostando a obtener una mayoría calificada en el Congreso que permita una reforma constitucional de mayor alcance, sin las restricciones actuales ni la dependencia de aliados que hoy condicionan el contenido.

En otras palabras, el fracaso del Plan B no sería el final del proyecto, sino su reconfiguración en clave electoral: convertir la reforma en bandera de campaña, polarizar el debate y buscar en las urnas la fuerza legislativa que hoy no se tiene.

La paradoja es que, mientras el oficialismo intenta aprobar una reforma en el corto plazo, ya comienza a operar bajo la lógica de su eventual derrota. El Plan C no es todavía una propuesta formal, pero sí una señal política clara: si no hay reforma ahora, la apuesta será por rediseñar el poder para imponerla después.

Así, la discusión deja de ser técnica y se vuelve estratégica. Lo que está en juego no es sólo una reforma electoral, sino la ruta de acumulación de poder de Morena hacia 2027.