La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió un revés decisivo en el Senado, donde el bloque oficialista aprobó una versión descafeinada del llamado Plan B, tras retirar el componente más polémico: la posibilidad de que la mandataria apareciera en la boleta electoral de 2027 mediante un ejercicio de revocación de mandato concurrente.
Con 87 votos a favor de Morena, PVEM y el Partido del Trabajo (PT), frente a 41 en contra de la oposición, la Cámara alta avaló una minuta que conserva únicamente aspectos de ajuste institucional y austeridad, pero deja fuera el rediseño político-electoral de fondo que buscaba la iniciativa original.
El giro no fue menor. La revocación de mandato simultánea a las elecciones intermedias representaba el eje estratégico del proyecto presidencial, al abrir la puerta para que la titular del Ejecutivo federal promoviera su permanencia en el cargo en pleno proceso electoral. Esa posibilidad fue frenada por el propio PT, aliado clave del oficialismo.
El dirigente petista, Alberto Anaya, dejó clara la postura de su bancada: respaldo en lo general, pero ruptura en lo particular. A través de una reserva, el partido propuso eliminar por completo la modificación al artículo 35 constitucional, lo que en la práctica sepultó la intención original.
Aun así, el PT buscó contener cualquier lectura de fractura política. Anaya reiteró el compromiso de su partido con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que la coalición se mantendrá cohesionada rumbo a 2030.
Sin embargo, el resultado legislativo expone una fisura operativa: el oficialismo no logró construir la mayoría calificada necesaria para modificar elementos sustantivos de la Constitución en materia electoral, obligando a reducir el alcance de la reforma.
Una reforma acotada
El dictamen aprobado se concentra ahora en medidas administrativas y de contención del gasto público. Entre los cambios que sí avanzaron destacan:
- Tope máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos.
- Límite de 0.70% del gasto estatal para los presupuestos de los congresos locales.
- Eliminación de seguros de vida y bonos para consejeros del INE, magistrados electorales y funcionarios de los organismos públicos locales electorales (Oples).
- Reducción progresiva del 15% al gasto del Senado.
En contraste, quedaron fuera los puntos más ambiciosos del Plan A original: la reconfiguración de diputaciones plurinominales, la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional, la reducción del financiamiento a partidos y la propia revocación de mandato concurrente.
Críticas y advertencias
Desde la oposición, el recorte de la iniciativa no suavizó las críticas. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que la propuesta, incluso en su versión reducida, mantiene riesgos de discrecionalidad y concentración de poder.
En la misma línea, la priista Carolina Viggiano acusó que la reforma apunta a debilitar el federalismo al imponer límites a estructuras municipales y estatales, mientras que la panista Mayuli Latifa Martínez sostuvo que el trasfondo es político-electoral, ante lo que calificó como un desgaste del oficialismo.
El Plan B que llega a Diputados
La minuta enviada a la Cámara de Diputados contiene únicamente tres artículos constitucionales modificados: 115, 116 y un añadido al 134. Es decir, una versión significativamente más acotada respecto al diseño original presentado por el Ejecutivo.
El episodio deja una lectura clara: el oficialismo mantiene la capacidad de aprobar reformas en mayoría simple, pero enfrenta límites estructurales cuando requiere mayorías calificadas. En ese contexto, el llamado Plan B termina convertido en un paquete de ajustes administrativos, lejos del rediseño político que buscaba originalmente la Presidencia.
Más que una derrota total, se trata de una poda legislativa que exhibe el margen real de maniobra del bloque gobernante y anticipa que cualquier intento de reforma electoral profunda dependerá de una negociación política que, por ahora, no está garantizada.
