El nuevo registro de personas desaparecidas en México no es un ejercicio de transparencia: es una radiografía de la falla del Estado. La información fue presentada en conferencia oficial por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien desglosó los datos del padrón nacional.
Pero lo que se exhibió no fue control, sino desorden. México mantiene más de 132 mil personas desaparecidas, pero el dato verdaderamente alarmante es otro: solo 3,869 casos tienen una investigación formal abierta.
Esto no es una omisión menor: es negligencia institucional sistemática.
El diagnóstico oficial que incrimina al propio Estado durante la presentación, el Gobierno —a través de la Secretaría de Gobernación y el SESNSP— explicó que:
- 36% de los casos no tiene datos suficientes para buscar a la persona
- 31% presenta actividad posterior a la supuesta desaparición
- 33% no tiene rastro alguno
Es decir: el Estado reconoce que una tercera parte de los desaparecidos ni siquiera puede ser buscada.
La exposición técnica encabezada por Marcela Figueroa pretendía ordenar el registro. En realidad, evidenció el colapso de los mecanismos de investigación. Porque si no hay datos, no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, no hay justicia.
El mensaje político detrás del informe es claro: reducir la dimensión aparente del problema mediante una reclasificación de los casos.
Pero esta narrativa ha sido cuestionada por colectivos y especialistas, quienes advierten que no se trata de resolver desapariciones, sino de reconfigurar estadísticas para disminuir el impacto público de la crisis.
En términos operativos, el Gobierno presentó números.
En términos reales, no presentó resultados.
El propio informe oficial del Gobierno federal registra que las fiscalías no abren carpetas de investigación, no integran expedientes completos y no generan condiciones de búsqueda. El resultado es que decenas de miles de desapariciones sin investigación formal.
Incluso desde el discurso gubernamental se reconoce que muchas desapariciones recientes no están vinculadas directamente al crimen organizado, lo que desmonta una excusa recurrente: no investigar ya no puede justificarse por complejidad criminal. Es simplemente falta de voluntad institucional.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete presentan cifras, en el terreno ocurre lo contrario: son las madres, los colectivos y las organizaciones civiles quienes realizan las búsquedas. Ellos excavan, investigan y reconstruyen lo que las instituciones abandonaron.
El mensaje es demoledor: en México, el Estado no busca a los desaparecidos; lo hacen las víctimas.
El informe que confirma el fracaso
La presentación encabezada por Sheinbaum y Marcela Figueroa no reduce la crisis: la confirma, porque el problema no es solo la magnitud de las desapariciones, sino la evidencia, ya oficial, de que el sistema de justicia no está investigando.
