Hay derrotas políticas que se procesan en el terreno del discurso. Y hay otras que se pagan con dinero público. La fallida Reforma Electoral impulsada por Claudia Sheinbaum pertenece a la segunda categoría: más de 800 millones de pesos del erario habrían sido utilizados en un intento por “doblar” al Partido del Trabajo (PT), y ni siquiera eso funcionó.

La historia dejó huella. Semanas antes de la discusión legislativa, el gobierno federal autorizó 828 millones de pesos para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), estructuras operadas históricamente por el PT de Alberto Anaya. La lectura política fue inevitable: no era política social, era operación política.

El objetivo era claro: garantizar el respaldo del PT a la Reforma Electoral, particularmente en su punto más polémico: la posibilidad de que la Presidenta apareciera en la boleta de 2027 mediante la figura de la revocación de mandato concurrente.

Pero el dinero no compró lealtades ganaron los intereses de grupo.

El PT votó en contra de la iniciativa original. Forzó un replanteamiento llamado “Plan B” y, aun así, impuso condiciones adicionales: eliminar la revocación de mandato de la ecuación electoral. El resultado fue una reforma mutilada, reducida, irrelevante frente a la ambición inicial.

Y aquí es donde la discusión deja de ser únicamente política y se vuelve ética.

¿Por qué los ciudadanos deben pagar por errores políticos?

Si los recursos públicos se utilizan directa o indirectamente, para intentar influir en decisiones legislativas, el problema no es solo la eficacia del gasto, sino su legitimidad. ¿Por qué los contribuyentes mexicanos tendrían que financiar una estrategia política fallida?

Porque eso es lo que ocurrió: se comprometieron cientos de millones de pesos sin resultados políticos, sin transparencia suficiente y sin rendición de cuentas clara.

El argumento de que los Cendis cumplen una función social no cancela el contexto en el que se liberaron los recursos. En política, el momento lo es todo. Y cuando el dinero aparece justo antes de una votación clave, el mensaje es inequívoco.

Más allá del uso del presupuesto, el episodio exhibe una realidad incómoda para Morena: no puede gobernar ni legislar sin sus aliados. Ni con mayoría simple, ni con presión política, ni siquiera con incentivos financieros. El PT no solo resistió: doblegó al oficialismo.

Obligó a retirar el corazón de la reforma, reconfiguró la iniciativa y dejó claro que su respaldo no está garantizado, se negocia, y caro. En paralelo, el Partido Verde observa y toma nota. Y actores como Dante Delgado -de Movimiento Ciudadano- exploran el reacomodo de fuerzas rumbo a 2027.

La narrativa oficial intenta vender el resultado como una victoria. Pero los hechos son obstinados:
Morena cedió, Sheinbaum retrocedió y el PT impuso condiciones.

En cualquier sistema democrático funcional, una operación política fallida de este tamaño tendría consecuencias. Aquí, en cambio, la factura se socializa y la responsabilidad se diluye.

Nadie explica por qué se liberaron los recursos en ese momento. Nadie asume el costo del error estratégico. Nadie responde por los más de 800 millones de pesos… pero todos lo pagamos.

La pregunta de fondo: ¿por qué los ciudadanos deben financiar intentos fallidos de control político?

Porque eso es lo que revela este episodio: no solo una derrota legislativa, sino una forma de hacer política donde el dinero público se convierte en herramienta de negociación, sin cargo a los responsable, incluso cuando no funciona.