l intento del gobierno de Claudia Sheinbaum por desacreditar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU contrasta con una realidad que se impone de manera contundente en el territorio: el hallazgo constante de fosas clandestinas y restos humanos en diversas regiones del país.

En Guanajuato, uno de los estados con mayor incidencia de violencia, se reportó recientemente el descubrimiento de al menos 20 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Cortazar, un hecho que vuelve a colocar a la entidad en el centro de la crisis de desapariciones.

De manera paralela, en Tamaulipas, colectivos de búsqueda denunciaron la existencia de un posible campo de exterminio vinculado al crimen organizado en las inmediaciones de Reynosa. En ese sitio, buscadores localizaron al menos ocho cráneos, elevando a 12 los puntos de hallazgo de restos humanos en lo que va del año en esa entidad, una cifra que revela un patrón sistemático de violencia y ocultamiento de víctimas.

El fenómeno no es aislado. En estados como Sonora, Jalisco y Morelos, familiares de personas desaparecidas han reportado descubrimientos similares en semanas recientes, lo que confirma que la crisis tiene un carácter nacional y persistente.

Estos hallazgos refuerzan la advertencia emitida por el comité de la Organización de las Naciones Unidas, que ha señalado que la desaparición de personas en México podría configurar un crimen de lesa humanidad, no necesariamente por la participación directa del Estado, sino por la magnitud, sistematicidad y el impacto generalizado sobre la población civil.

Sin embargo, frente a este escenario, la respuesta institucional ha sido percibida como insuficiente. Las autoridades mexicanas han privilegiado la contención del discurso público sobre la atención estructural del problema, en un contexto donde los colectivos de búsqueda continúan haciendo el trabajo que correspondería al Estado, muchas veces sin apoyo, recursos ni garantías de seguridad.

La contradicción es cada vez más evidente: mientras el discurso oficial intenta minimizar la crisis, los hallazgos en campo la documentan y la amplifican. En México, la desaparición de personas no sólo persiste, sino que se expande y se vuelve más compleja, obligando a replantear la narrativa gubernamental frente a una realidad que ya no admite negación.