La crisis de seguridad en las carreteras del país ha escalado a un punto crítico. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) lanzó un ultimátum al Gobierno Federal al advertir que el sector ya no puede operar bajo las condiciones actuales de violencia, extorsión y abandono institucional, por lo que anunció movilizaciones y posibles bloqueos en al menos 20 entidades del país.

En un contexto donde el transporte de carga se ha convertido en uno de los blancos más vulnerables del crimen organizado, la organización denunció que ocho de cada diez robos se cometen con violencia, y en múltiples casos derivan en el asesinato de operadores. Este fenómeno no solo impacta la cadena logística nacional, sino que deja a familias enteras en condición de desamparo, sin respaldo institucional.

La vicepresidenta de comunicación de ANTAC, Jeannet Chumacero, expuso que la situación refleja un problema estructural que el Estado no ha logrado contener: “el transporte está siendo ignorado mientras enfrenta condiciones cada vez más peligrosas”. La advertencia no es menor: el gremio se declara en un punto de quiebre.

Entre las principales exigencias destaca la instalación de paradores seguros, considerados infraestructura clave para reducir riesgos durante los periodos de descanso de los operadores, así como la presencia permanente de la Guardia Nacional en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva. A esto se suma la demanda de modernización de casetas de peaje, cuyo rezago operativo —según denuncian— facilita asaltos y genera cuellos de botella que exponen a los transportistas.

Sin embargo, el reclamo más delicado apunta hacia las propias autoridades. ANTAC denunció la existencia de retenes irregulares utilizados como mecanismos de extorsión, donde elementos de distintos niveles de gobierno aprovechan la falta de regulación para obtener beneficios ilícitos. Este señalamiento coloca el problema de la inseguridad en un terreno más complejo: no solo se trata del crimen organizado, sino también de prácticas sistemáticas de corrupción institucional.

El conflicto se agrava tras el fracaso de las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, lo que detonó la decisión de avanzar hacia una movilización nacional junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. La protesta, advierten, no responde a intereses políticos, sino a una situación límite de supervivencia para miles de operadores independientes, quienes —a diferencia de las grandes empresas— carecen de estructuras de protección.

En el fondo, el reclamo de los transportistas exhibe una falla persistente en la estrategia de seguridad: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas en las principales rutas comerciales del país. En un sector que mueve más del 80% de la carga terrestre en México, el deterioro de las condiciones operativas no solo implica un problema de seguridad pública, sino un riesgo directo para la estabilidad económica.