{"id":2879,"date":"2025-12-16T15:05:01","date_gmt":"2025-12-16T15:05:01","guid":{"rendered":"https:\/\/literalmex.com\/?p=2879"},"modified":"2025-12-16T15:07:02","modified_gmt":"2025-12-16T15:07:02","slug":"error-de-sedena-nos-cuesta-9-5-mil-millones-de-pesos-en-contratos-de-espionaje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/2025\/12\/16\/error-de-sedena-nos-cuesta-9-5-mil-millones-de-pesos-en-contratos-de-espionaje\/","title":{"rendered":"Error de Sedena nos cuesta 9.5 mil millones de pesos en contratos de espionaje"},"content":{"rendered":"\n

La Secretar\u00eda de la Defensa perdi\u00f3 el juicio no por falta de argumentos, sino por no acreditar a sus abogados y presentar recursos fuera de tiempo. El fallo obliga al Estado a pagar miles de millones a una empresa vinculada al espionaje con Pegasus<\/strong>, public\u00f3 el peri\u00f3dico Reforma.<\/h3>\n\n\n\n

Un error elemental de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) en un juicio administrativo se convirti\u00f3 en una de las derrotas legales m\u00e1s costosas para el erario en los \u00faltimos a\u00f1os. Por no acreditar la personalidad de sus representantes legales y presentar una apelaci\u00f3n fuera de plazo, la dependencia fue condenada a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos<\/strong> a la empresa Security Tracking Devices (STD)<\/strong>, proveedora de equipos de espionaje.<\/p>\n\n\n\n

El fallo fue emitido por Gabriel Regis<\/strong>, juez D\u00e9cimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien orden\u00f3 el pago de las obligaciones incumplidas \u201cactualizadas con sus accesorios\u201d, luego de que la Sedena quedara en rebeld\u00eda procesal<\/strong> y fuera considerada confesa de todos los hechos reclamados por la empresa demandante.<\/p>\n\n\n\n

La historia se remonta a contratos adjudicados directamente entre 2010 y 2012<\/strong>, durante los gobiernos de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto, para la adquisici\u00f3n de tecnolog\u00eda de espionaje. STD, propiedad del empresario Jos\u00e9 Susumo Azano<\/strong>, reclam\u00f3 el pago de 13 facturas derivadas de nueve contratos<\/strong>, rescindidos por la Sedena en el sexenio pe\u00f1ista cuando la entonces PGR investig\u00f3 el caso.<\/p>\n\n\n\n

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El general Pedro Bonilla Mu\u00f1oz<\/strong>, Jefe de la Unidad de Asuntos Jur\u00eddicos, y Jorge Su\u00e1rez Becerril<\/strong>, Subjefe Jur\u00eddico, no acreditaron su personalidad como apoderados legales<\/strong>, por lo que el escrito de contestaci\u00f3n de la dependencia se tuvo como no presentado<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sin embargo, en la nueva demanda presentada en septiembre de 2023, la Sedena cometi\u00f3 errores que resultaron fatales. El juez determin\u00f3 que el general Pedro Bonilla Mu\u00f1oz<\/strong>, Jefe de la Unidad de Asuntos Jur\u00eddicos, y Jorge Su\u00e1rez Becerril<\/strong>, Subjefe Jur\u00eddico, no acreditaron su personalidad como apoderados legales<\/strong>, por lo que el escrito de contestaci\u00f3n de la dependencia se tuvo como no presentado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa parte demandada se tiene por rebelde\u201d, resolvi\u00f3 el juez en marzo de 2024. La consecuencia fue autom\u00e1tica: la Sedena qued\u00f3 jur\u00eddicamente indefensa.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la dependencia intent\u00f3 corregir el rumbo, volvi\u00f3 a fallar. La apelaci\u00f3n contra esa resoluci\u00f3n fue presentada fuera de tiempo<\/strong>, lo que llev\u00f3 a un Tribunal Colegiado de Apelaci\u00f3n a desechar el recurso el 3 de julio de 2024<\/strong>. La sentencia qued\u00f3 firme el 16 de agosto<\/strong>, convirtiendo el error en cosa juzgada.<\/p>\n\n\n\n

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Un juez conden\u00f3 al pago \u00edntegro de todas las prestaciones reclamadas<\/strong> por STD que asciende a 9 mil 534 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sin defensa v\u00e1lida, el juez no tuvo m\u00e1s opci\u00f3n que condenar al pago \u00edntegro de todas las prestaciones reclamadas<\/strong> por STD, una cifra que, con actualizaciones e intereses, asciende a 9 mil 534 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Aunque la Sedena interpuso una nueva apelaci\u00f3n el 2 de diciembre<\/strong>, el punto central \u2014la falta de personalidad de sus representantes\u2014 ya no puede revertirse<\/strong>. El da\u00f1o jur\u00eddico est\u00e1 consumado.<\/p>\n\n\n\n

El caso adquiere mayor gravedad por el perfil de la empresa beneficiada. Security Tracking Devices<\/strong> fue una de las intermediarias en M\u00e9xico del software Pegasus<\/strong>, desarrollado por la firma israel\u00ed NSO Group<\/strong>, utilizado para espionaje contra periodistas, activistas y opositores. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> bloque\u00f3 las cuentas de STD y de Azano.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el empresario fue condenado en 2017 en Estados Unidos<\/strong> a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por realizar aportaciones ilegales por 600 mil d\u00f3lares<\/strong> a campa\u00f1as pol\u00edticas en San Diego, ciudad donde manten\u00eda residencias.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, por una cadena de negligencias jur\u00eddicas b\u00e1sicas<\/strong>, la Secretar\u00eda de la Defensa no s\u00f3lo perdi\u00f3 un juicio: traslad\u00f3 a los contribuyentes el costo multimillonario de contratos opacos, tecnolog\u00eda de espionaje y una defensa legal fallida<\/strong>. Un caso que exhibe que, en el Estado mexicano, los errores no siempre tienen responsables, pero siempre tienen factura p\u00fablica<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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