La actuación reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, ha colocado al organismo en el centro de una controversia mayor: su rechazo a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y su discurso contra organizaciones civiles contrastan de forma directa con la postura que sostuvo apenas unos años atrás.

Durante los primeros años de su gestión, la CNDH no sólo reconocía la dimensión del problema, sino que impulsaba la participación internacional. En 2020, el organismo advertía que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad” y llamaba al Estado mexicano a fortalecer sus compromisos en la materia.

Ese enfoque se mantuvo en 2021, cuando Piedra reconocía ante el propio comité la gravedad del fenómeno y la incapacidad institucional para enfrentarlo. “El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo que es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda”, afirmó entonces.

Sin embargo, el discurso cambió progresivamente hasta consolidarse en 2025 y 2026, cuando la CNDH comenzó a cuestionar la legitimidad de la supervisión internacional. “Nos preocupa que se pretenda imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros. Desde la CNDH creemos que la cooperación internacional es fundamental, siempre y cuando se ajuste a la realidad y necesidades del pueblo, que considere y ponga en el centro la agenda nacional de derechos humanos”, señaló en octubre de 2025.

El punto de quiebre llegó en abril de 2026, cuando el organismo calificó como “sesgadas” e “injerencistas” las conclusiones del comité y acusó a organizaciones civiles de lucrar con la causa. “En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos siete años, el CED optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh”, sostuvo la comisión. Y fue más allá: “La verdadera naturaleza de ciertas organizaciones que se han ostentado como representantes de víctimas y defensoras de derechos humanos para lucrar, a efecto de justificar su decisión, el CED dejó de considerar los periodos en que se llevaron a cabo las prácticas reportadas, especialmente en atención a las actuaciones de los órganos del Estado mexicano”.

Este viraje ocurre en un contexto crítico. De acuerdo con cifras oficiales, México acumula más de 394 mil registros históricos de desapariciones, con más de 132 mil personas aún no localizadas, lo que configura una de las crisis humanitarias más graves del país y una problemática que se ha intensificado en los últimos años.

Para especialistas, el cambio de postura no es menor. Eunice Rendón advierte que el organismo ha dejado de cumplir su función esencial. “La CNDH, bajo la presidencia de Rosario Piedra, dejó de ser un contrapeso del Estado para convertirse, en los hechos, en su defensora. En lugar de acompañar a las víctimas, cuestiona a organizaciones y colectivos y desacredita mecanismos internacionales que justamente existen para suplir las fallas internas.

Esto es especialmente grave en un país que acumula más de 130 mil personas desaparecidas sin localizar, donde la crisis no es discursiva sino humanitaria”, subraya.

En esa misma línea, Rendón plantea que la reacción institucional implica una renuncia de fondo. “Cuando una institución de derechos humanos ataca a quienes documentan, denuncian y buscan justicia, renuncia a su razón de ser. La cooperación internacional no es una amenaza a la soberanía, es una herramienta para garantizar derechos cuando el Estado no ha sido capaz de hacerlo. Rechazarla en este contexto no fortalece al país, lo debilita frente a las víctimas”.

Desde la academia, la lectura es similar. Carolina Jasso González, especialista en seguridad, enfatiza que el tamaño del problema exige una respuesta distinta. “Creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es la dimensión de lo que estamos hablando. México tiene más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Es una crisis que no inició ni en este sexenio, ni en el anterior, sino que tiene raíces desde la década de los 60”, explica.

La investigadora advierte que factores como la militarización de la seguridad pública y la evolución del crimen organizado han profundizado el fenómeno. “Estamos frente a un problema estructural que atraviesa administraciones y que no se ha logrado revertir”, señala, al tiempo que recuerda el mandato constitucional del organismo. “Existe para proteger a las víctimas. Su mandato constitucional es ser un contrapeso al poder público, no un apéndice. Es un organismo autónomo precisamente porque su función es vigilar que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, señalar cuando no las cumple y acompañar a quienes sufran las consecuencias de estas omisiones o incumplimientos del Estado”.

También subraya la relevancia de los mecanismos internacionales. “No es injerencia, es un acto de cooperación frente a un problema que rebasa las capacidades institucionales”, afirma, al tiempo que identifica una contradicción de fondo: “Lo que cambió entre 2020 y 2026 no es la crisis que se agravó, no cambió el comité ni su marco normativo, lo que cambió es que las conclusiones dejaron de ser cómodas y la CNDH ha respondido de manera muy similar a la postura del gobierno federal, incluso tomando una postura un poco más radical”.

El análisis se completa con la visión de Carlos Torres, quien advierte sobre las implicaciones institucionales. “Lo que estamos viendo es un debilitamiento del papel de los organismos autónomos. Cuando una institución como la CNDH deja de incomodar al poder y comienza a alinearse con él, pierde su esencia como contrapeso y deja en mayor vulnerabilidad a las víctimas”, sostiene.

Para el académico, el rechazo a la cooperación internacional envía una señal preocupante. “Cerrar la puerta a mecanismos internacionales en medio de una crisis de esta magnitud no fortalece la soberanía, la debilita, porque impide el acceso a herramientas técnicas y experiencias que podrían acelerar la búsqueda de personas y el acceso a la justicia”. Además, advierte sobre el impacto en la confianza pública: “Descalificar a organizaciones civiles y minimizar el papel de instancias internacionales no sólo polariza el debate, también erosiona la confianza. En un país con más de 132 mil personas desaparecidas, lo que se necesita es sumar capacidades, no restarlas”.

El cambio de postura, concluye, es más que discursivo. “El giro de la CNDH no es sólo discursivo, es institucional. Pasar de promover la supervisión internacional a rechazarla implica renunciar a una herramienta clave de rendición de cuentas. En los hechos, significa debilitar la presión para que el Estado actúe”.

En medio de una crisis de desapariciones que no cede, el reposicionamiento de la CNDH abre un frente adicional: el de la confianza en las instituciones encargadas de defender a las víctimas, justo cuando más se requiere independencia, rigor y presión sobre el poder público.

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La CNDH, encabezada por Rosario Piedra, pasó de promover la supervisión de la ONU a calificarla de “injerencista”, alineándose con la postura del gobierno y rompiendo su papel como contrapeso institucional.

En un país con más de 132 mil desaparecidos, expertos advierten que el organismo ha dejado de acompañar a las víctimas y ahora desacredita a ONG y mecanismos internacionales, debilitando la búsqueda de justicia.

Especialistas coinciden en que cerrar la puerta a la cooperación internacional en medio de una crisis humanitaria estructural no fortalece la soberanía, sino que reduce la presión sobre el Estado y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.