La disputa en torno a la presunta red de “huachicol” fiscal vinculada a mandos y operadores relacionados con la Marina de México sumó un nuevo episodio con la difusión de una carta enviada por Manuel Roberto Farías Laguna desde el penal federal de Almoloya a la presidenta Claudia Sheinbaum. El vicealmirante, señalado junto con su hermano Fernando Farías como pieza central de una estructura dedicada al tráfico ilegal de combustibles, rechazó nuevamente las acusaciones y aseguró que se pretende convertirlos en los únicos responsables de una operación mucho más amplia.
Se trata de la sexta misiva que el exmando naval dirige a la titular del Ejecutivo federal. En ella sostiene que existe un intento deliberado por construir una versión oficial que lo presenta como responsable anticipado de los hechos, mientras quienes obtuvieron beneficios políticos y económicos permanecen fuera del escrutinio público y judicial.
En uno de los pasajes más contundentes del documento, Farías Laguna dirige sus señalamientos hacia el partido gobernante al afirmar: “Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”. La declaración representa una acusación directa contra actores vinculados a Morena, en medio de una investigación que ha generado cuestionamientos sobre presuntas redes de protección política y administrativa en distintas áreas relacionadas con la operación aduanera y marítima del país.
El exvicealmirante insiste en que tanto él como su hermano están siendo utilizados como “chivos expiatorios” para cerrar un caso que, según su versión, involucra a más personas y a niveles superiores de responsabilidad. En ese sentido, argumenta que las autoridades han impulsado una narrativa donde algunos acusados son condenados públicamente antes de que concluya el proceso judicial.
En la carta señala: “Tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal”. Con ello, busca colocar el debate no sólo en el terreno de la responsabilidad penal, sino también en el de las garantías constitucionales y el debido proceso.
El caso adquiere una dimensión política adicional debido a los vínculos familiares y militares que rodean la investigación. Manuel Roberto Farías Laguna ha sido identificado públicamente como sobrino de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, circunstancia que ha incrementado el interés público sobre las indagatorias relacionadas con el presunto tráfico de combustibles y las operaciones de “huachicol” fiscal en puertos y aduanas marítimas.
La defensa del exvicealmirante sostiene que hasta el momento no se han presentado elementos concluyentes que acrediten su participación directa en la red criminal que le atribuyen las autoridades. De acuerdo con su versión, no existen “pruebas contundentes” ni documentación que demuestre de manera irrefutable su involucramiento en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de combustible.
Las nuevas acusaciones de Farías Laguna colocan nuevamente bajo presión al gobierno de Claudia Sheinbaum, particularmente en un contexto donde el combate al huachicol, la corrupción aduanera y las redes de protección institucional se han convertido en temas sensibles para la administración federal.
