La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por permitir presuntamente la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas, dio un giro político que coloca a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván en una posición distinta a la que enfrentaba hace apenas unas semanas.
Mientras su antiguo colaborador fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta, hasta donde ella conoce, con elementos que vinculen directamente a Maru Campos con la autorización del operativo efectuado en la Sierra Tarahumara.
Versiones, apuntan a un acuerdo político entre la presidenta y la gobernadora que involucraría bajar la candidatura por Morena la gubernatura chihuahuense a Andrea Chávez y la candidatura panista del ex fiscal Jáuregui a la alcaldía de Chihuahua.
“No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la Gobernadora”, expresó Claudia Sheinbaum sobre Maru Campos.
La declaración representa un cambio relevante en el ambiente político que rodea el caso, después de meses de confrontación entre el Gobierno federal y la administración panista de Chihuahua por la presencia irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
El origen del escándalo se encuentra en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026, contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron elementos de la Fiscalía estatal y personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
La operación quedó bajo escrutinio después de un accidente carretero en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua. Las investigaciones posteriores revelaron la intervención de extranjeros en actividades de seguridad que, de acuerdo con la legislación mexicana, requieren autorización federal.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, sostuvo que Jáuregui habría permitido la participación de agentes extranjeros sin contar con las atribuciones legales necesarias, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria.
El exfiscal fue detenido inicialmente por autoridades de Chihuahua, que le imputaron presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.
La noche del domingo, un juez estatal determinó que podía enfrentar ese procedimiento en libertad condicional. Sin embargo, cuando estaba por abandonar las instalaciones judiciales, agentes federales ejecutaron una segunda orden de aprehensión, ahora por el delito de traición a la patria.
De esta manera, Jáuregui pasó de obtener la libertad en el proceso estatal a quedar recluido en el Altiplano, bajo jurisdicción federal y a disposición de una jueza que deberá determinar su situación jurídica.
La presidenta Sheinbaum recordó que la primera investigación contra el exfiscal fue iniciada por las propias autoridades de Chihuahua y que, hasta el momento, las imputaciones señalan directamente al antiguo titular de la institución, no a la gobernadora.
La posición presidencial contrasta con el enfrentamiento que ambas mandatarias protagonizaron desde abril, cuando la intervención estadounidense provocó cuestionamientos sobre la soberanía nacional y la actuación de las autoridades estatales.
La propia Maru Campos había rechazado públicamente las acusaciones en su contra y defendido la necesidad de mantener cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque negó haber autorizado la intervención de agentes extranjeros.
Ahora, lejos de asumir la defensa política de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos, la gobernadora respaldó la actuación de las autoridades y aseguró que su administración colaborará con las investigaciones.
“Nadie que haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley”, sostuvo, al asegurar que en Chihuahua no se protege ni se persigue a nadie.
La postura abrió una nueva controversia dentro del Partido Acción Nacional (PAN), donde sectores cercanos a Jáuregui consideran que la gobernadora abandonó políticamente al exfuncionario, quien también había manifestado interés en contender por la alcaldía de Chihuahua en 2027.
Su proyecto político había entrado en conflicto con las preferencias atribuidas al círculo de Maru Campos, particularmente por el impulso al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, como posible aspirante a la presidencia municipal.
En ese escenario, el encargado de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, defendió la investigación y explicó que no se cuestionan necesariamente los resultados del operativo antidrogas, sino la actuación de los funcionarios y el cumplimiento de los protocolos correspondientes.
La investigación estatal también alcanzó a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respaldó a la gobernadora, aunque cuestionó la utilización del delito de traición a la patria contra Jáuregui. Consideró que la acusación podría representar un exceso jurídico y advirtió sobre una posible politización del caso con fines electorales.
Pero el expediente judicial también coincide con movimientos políticos que han despertado interrogantes sobre la relación entre Palacio Nacional y el Gobierno de Chihuahua.
De acuerdo con una interpretación atribuida al periodista Carlos Loret de Mola, un encuentro entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum pudo haber abierto la puerta a una tregua política con repercusiones directas en la sucesión de la gubernatura de Chihuahua.
La hipótesis plantea una posible coincidencia entre el cambio de tono del Gobierno federal hacia Campos y el eventual desplazamiento de Andrea Chávez, senadora de Morena y aspirante a la gubernatura, de la contienda interna de su partido.
Andrea Chávez ha mantenido diferencias políticas con Maru Campos y ha enfrentado controversias dentro de su propio partido. Sin embargo, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que haya sido retirada formalmente de la candidatura por un acuerdo entre las dos mandatarias.
Tampoco está demostrado que las declaraciones presidenciales sobre la falta de pruebas contra Campos sean resultado de una negociación electoral.
Lo verificable es que Sheinbaum dejó de atribuir responsabilidad directa a la gobernadora en este expediente, mientras Jáuregui enfrenta las consecuencias penales de una operación que se desarrolló dentro de la estructura de seguridad estatal.
La posible conexión entre estos acontecimientos constituye, por ahora, una hipótesis política que requiere corroboración independiente, no una conclusión acreditada por las investigaciones.
No obstante, la coincidencia merece atención por el contexto electoral de 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura y diversos cargos locales, mientras Morena y el PAN enfrentan disputas internas por sus respectivas candidaturas.
Para Maru Campos, el nuevo escenario permite reducir la presión federal sobre su administración, aunque supone un costo político por el rompimiento con quien durante años formó parte de su círculo de confianza.
Para Claudia Sheinbaum, el caso representa una oportunidad de reivindicar las restricciones constitucionales a la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad, sin extender por ahora las acusaciones penales a la mandataria estatal.
Y para Andrea Chávez, la discusión sobre una posible tregua introduce un factor adicional de incertidumbre en la definición de la candidatura de Morena, aunque sus consecuencias todavía no están acreditadas.
En el fondo permanece una pregunta que no ha sido resuelta por ninguna de las autoridades involucradas: ¿cómo pudieron agentes de la CIA participar en un operativo de seguridad en Chihuahua sin que existieran los controles institucionales y las autorizaciones correspondientes?
El esclarecimiento de esa cadena de mando es indispensable para determinar si César Jáuregui actuó por decisión propia, si otros funcionarios conocieron previamente la intervención extranjera o si existieron omisiones dentro de las instituciones responsables de supervisar estas operaciones.
La falta de pruebas directas contra Maru Campos, reconocida por la presidenta, no representa una sentencia absolutoria ni impide que las investigaciones continúen.
Por ahora, el exfiscal permanece bajo proceso federal, la gobernadora se distancia de su antiguo colaborador y Palacio Nacional evita atribuirle una responsabilidad directa.
La disputa judicial y las especulaciones sobre una posible negociación electoral han terminado por entrelazarse en un mismo escenario: la crisis de seguridad nacional provocada por la intervención de agentes de la CIA y la lucha política por el control de Chihuahua en 2027.
