La detención de José Ángel Rivera Zazueta, conocido como “El Flaco” o “Don Flaco”, puso bajo la lupa una operación que, según la investigación estadounidense, abasteció de precursores químicos a una organización del Cártel de Sinaloa. Rivera Zazueta fue arrestado el 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, con una orden provisional con fines de extradición. La detención no equivale a una condena: Estados Unidos debe formalizar su solicitud y presentar las pruebas para que el proceso avance.

La acusación sostiene que, entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, Rivera Zazueta coordinó envíos de 4-AP, un precursor químico utilizado en la elaboración de fentanilo. Los cargamentos habrían salido de China y Taiwán, en vuelos de Cargolux Airlines o Cathay Pacific Airlines, con escala en Anchorage, Alaska, antes de continuar hacia México. Según la solicitud, dos lotes de 25 kilogramos fueron decomisados en Anchorage en agosto y noviembre de 2020; los precursores se habían adquirido en Hong Kong.

La investigación atribuye un papel central a la vigilancia de comunicaciones y al intercambio de información entre la Guardia Costera de Taiwán (GCT), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Un documento citado en el expediente describe a Rivera Zazueta como “un líder de la organización situado en México, quien es coordinador y financiador de los embarques de los precursores químicos del fentanilo para los miembros de la organización que trabajan a su nombre”.

La magnitud potencial de los decomisos también aparece en la solicitud: de acuerdo con la División de Control de la DEA, 100 kilogramos de 4-AP pueden producir alrededor de 190 kilogramos de fentanilo. Aplicada a los dos cargamentos asegurados —50 kilogramos en total—, esa proporción equivaldría a unos 95 kilogramos de fentanilo, aunque se trata de una estimación de rendimiento y no de droga efectivamente fabricada o incautada.

El caso reabre el debate sobre las declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2023 sostuvo que el fentanilo se producía en Asia y que en México se prensaban pastillas; también rechazó que un sitio mostrado públicamente fuera un laboratorio de producción. La distinción entre importar precursores, fabricar la sustancia y prensarla en pastillas es relevante: la investigación contra Rivera Zazueta documenta, según la acusación, el ingreso de un insumo químico, pero por sí sola no determina dónde se procesó cada cargamento ni acredita una responsabilidad penal del expresidente.

Rivera Zazueta ya había sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero de 2023, que lo acusó de importar precursores desde China y de colaborar con la empresa Shanghai Fast-Fine Chemicals. El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) volvió a designarlo bajo otra autoridad legal, relacionada con apoyo material al Cártel de Sinaloa. Esta cronología permite precisar que la nueva designación por ese fundamento ocurrió en 2026, no en marzo de 2025. Las sanciones financieras son medidas administrativas estadounidenses; no sustituyen una sentencia penal.

En esa misma acción de septiembre, OFAC incluyó a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno de Baja California. El Tesoro lo describió como amigo cercano de Rivera Zazueta y afirmó que habría ofrecido favores e influencia política para favorecer la empresa criminal a cambio de sobornos. La dependencia también sancionó a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; la comunicación oficial señala que Buenrostro era conocido de Torres, pero sus señalamientos contra cada uno son distintos y deben atribuirse por separado.

La controversia tiene una derivación política en Baja California. Reportes periodísticos han presentado a Buenrostro como operador y benefactor de actividades previas a la campaña de Julieta Ramírez, figura de Morena perfilada para competir por la gubernatura. Ese señalamiento no forma parte, por sí mismo, de la determinación de OFAC sobre la red de Rivera Zazueta; exige atribución y respuesta de los involucrados.

Por ahora, el proceso de extradición deberá establecer qué evidencia admite la justicia mexicana y qué cargos pretende sostener Estados Unidos. El expediente plantea una ruta concreta de precursores y presuntos vínculos políticos y financieros; la responsabilidad penal de Rivera Zazueta y de cualquier otra persona corresponde a los tribunales determinarla.