La polémica por la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro dio un giro horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reclamara públicamente al gobernador Mauricio Kuri haber realizado el acto junto al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, sin conocimiento ni participación del Gobierno federal.
Documentos y testimonios difundidos este lunes muestran que sí existió comunicación previa con autoridades federales y que representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República estuvieron presentes en la ceremonia del pasado 2 de octubre.
El dato más contundente es un oficio firmado por Mauricio Kuri, fechado el 23 de septiembre de 2026 y dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez, que tiene sello de recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre a las 9:30 horas.
Es decir, la Cancillería recibió formalmente la comunicación una semana antes de la ceremonia en la que Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la academia en el Complejo de Seguridad Rhino.
El documento tenía como asunto “Visita del Embajador de EUA a México” y señalaba expresamente que se informaba de la presencia del diplomático estadounidense con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.
Además, el Gobierno queretano dejó asentado que la participación del embajador tendría exclusivamente alcances protocolarios.
“Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”, establece el oficio.
La revelación contrasta con lo expresado horas antes por Claudia Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional.
La Presidenta cuestionó por qué Mauricio Kuri había invitado al embajador estadounidense y no a integrantes del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“¿Por qué no invitó al Gabinete de Seguridad? No invitaron a la Defensa, ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, cuestionó.
Sheinbaum incluso instruyó a la Cancillería para comunicarse tanto con Ronald Johnson como con Mauricio Kuri y exigir explicaciones sobre la academia y el mecanismo mediante el cual se habría establecido la cooperación.
Pero también esa parte de la información presidencial quedó bajo cuestionamiento.
En la ceremonia estuvieron presentes el general brigadier Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17 Zona Militar; un representante de la Guardia Nacional, así como autoridades de la FGR.
Entre ellas se encontraba Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro.
Por tanto, aunque no estuvieron los titulares nacionales de esas dependencias, sí hubo representación de instituciones federales de seguridad en el acto.
A ello se suma la versión de la senadora queretana Guadalupe Murguía, del PAN, quien aseguró que la comunicación no se limitó a Relaciones Exteriores.
Según la legisladora, el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez, notificó cuatro días antes del evento al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a mandos del Ejército y de la Guardia Nacional en Querétaro.
Murguía sostuvo que Kuri también había mantenido comunicación con Roberto Velasco y García Harfuch y atribuyó el conflicto a una falla dentro del propio Gobierno federal.
“Creo que en mucho fue un problema de comunicación”, afirmó.
La controversia, sin embargo, no queda totalmente resuelta con la existencia del oficio.
El punto jurídico ahora es distinto: notificar una visita diplomática no necesariamente equivale a contar con la autorización o dictamen requerido para establecer formalmente un acuerdo de cooperación internacional.
La Ley sobre la Celebración de Tratados establece que dependencias y organismos de gobiernos estatales o municipales deben mantener informada a la SRE cuando pretendan celebrar acuerdos interinstitucionales con gobiernos u organismos extranjeros y que corresponde a la Cancillería emitir el dictamen sobre su procedencia.
Precisamente por ello cobra relevancia que el oficio de Kuri haya subrayado expresamente que la visita de Ronald Johnson no representaba la creación de un mecanismo directo de cooperación internacional ni permitía la intervención de autoridades extranjeras en funciones reservadas al Estado mexicano.
El problema para el Gobierno federal es que la discusión inicial planteada por Sheinbaum fue otra: que Querétaro había actuado sin informar y prácticamente al margen de las instituciones federales.
Los documentos conocidos hasta ahora muestran que la SRE sí recibió una notificación previa, mientras que fotografías, reportes y registros del evento confirman que Ejército, Guardia Nacional y FGR tuvieron representantes en la ceremonia.
Queda pendiente comprobar documentalmente la comunicación que, según Guadalupe Murguía, fue enviada directamente a Omar García Harfuch.
También deberá aclararse cuál es exactamente el instrumento mediante el que participará Estados Unidos en la futura academia, quién financiará los programas, qué agencias estadounidenses impartirán capacitación y si existe o deberá existir un acuerdo interinstitucional formal sujeto al dictamen de la Cancillería.
Lo que hasta ahora parecía un choque por una supuesta exclusión del Gobierno federal terminó exhibiendo otra posibilidad: que distintas áreas de la propia administración federal tenían información sobre el evento que aparentemente no llegó completa a la Presidencia de la República.
