Los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello, exigieron a la Cámara de Diputados una renovación urgente de la presidencia y una posible recomposición del Consejo General, ante la crisis de credibilidad provocada por los señalamientos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
En una conferencia celebrada el 18 de noviembre, los exfuncionarios advirtieron que la crisis institucional amenaza la confianza en las elecciones de 2027, cuyo proceso organizativo ya comenzó, y cuestionaron la política de Morena de imponer nombramientos sin alcanzar acuerdos con las fuerzas de oposición.
El pronunciamiento fue leído por José Woldenberg, acompañado presencialmente por Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, mientras Luis Carlos Ugalde participó por videoconferencia desde Boston, Estados Unidos.
Los exconsejeros señalaron que los testimonios y las evidencias sobre presuntas irregularidades que involucran a altos directivos del INE y proveedores electorales golpearon el principal patrimonio de la institución: su credibilidad y la confianza ciudadana.
“No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad”, establece el documento presentado ante los medios.
Woldenberg sostuvo que la designación de la sucesora de Taddei debe realizarse conforme a la Constitución y mediante un acuerdo que involucre a todas las bancadas. Advirtió que la confianza en el árbitro electoral no puede recuperarse mediante decisiones unilaterales.
La propuesta va más allá del nombramiento de una nueva presidenta: plantea revisar la integración de las diez consejerías restantes, aunque sus promotores reconocieron que todavía no existe un mecanismo definido para esa renovación.
Leonardo Valdés consideró, a título personal, que algunas consejeras y consejeros deberían abandonar voluntariamente sus responsabilidades.
“Hay varias y varios miembros de este Consejo General que por dignidad debieran separarse del cargo”, declaró.
La propuesta enfrenta un obstáculo jurídico: los actuales consejeros tienen periodos constitucionales vigentes, por lo que una sustitución anticipada generalizada requeriría renuncias, causas legales específicas o modificaciones al marco constitucional.
Lorenzo Córdova identificó el origen político de la crisis en la ruptura de los mecanismos de consenso que durante décadas permitieron integrar y conducir al organismo electoral.
Recordó que en 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la presidencia y otras tres consejerías se asignaron mediante insaculación, después de que las fuerzas políticas no alcanzaron los acuerdos necesarios para realizar las designaciones.
Córdova cuestionó aquel procedimiento, al que calificó como una “tómbola amañada”, y sostuvo que la concentración posterior de facultades administrativas en la presidencia del INE debilitó los controles colegiados sobre las contrataciones y los nombramientos.
El exconsejero distinguió entre la existencia histórica de un mercado oligopólico de proveedores electorales y los presuntos actos de corrupción investigados actualmente.
Explicó que la concentración empresarial no demuestra por sí misma la comisión de delitos, pero aseguró que durante su administración no se había presentado un escándalo de presunta colusión con proveedores ni conflictos de interés de las dimensiones observadas en la gestión de Taddei.
En ese contexto surgió el nombre de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exfuncionario del INE señalado en las investigaciones relacionadas con contrataciones electorales.
Córdova reconoció que Cuervo Escalona trabajó anteriormente en el organismo, pero afirmó que, hasta donde tenía conocimiento, durante su gestión no estuvo encargado de las contrataciones ni de las relaciones con proveedores. Insistió en que cualquier responsabilidad posterior debe investigarse y sancionarse si se acredita.
Luis Carlos Ugalde advirtió que prolongar una presidencia provisional solamente profundizaría el deterioro institucional.
Citó una encuesta de Áltica según la cual 59% de los mexicanos mantiene confianza en el INE, porcentaje que alcanza 71% entre simpatizantes de Morena. Esas cifras fueron mencionadas durante la conferencia y requieren revisar la metodología del estudio para establecer su alcance.
Ugalde responsabilizó políticamente a la Cámara de Diputados de contribuir a reparar el daño mediante una designación que genere confianza entre partidos, autoridades y ciudadanos.
Recordó que los legisladores intervienen en la integración del Consejo General, en la designación del titular del Órgano Interno de Control y, mediante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la fiscalización de recursos públicos.
La conferencia también abordó las consecuencias de las salidas de personal especializado del INE. Ante una pregunta de Excélsior sobre la pérdida de funcionarios del servicio profesional y de puestos directivos, los expresidentes alertaron que el debilitamiento de la estructura operativa puede comprometer la organización electoral.
Woldenberg recordó que el Servicio Profesional Electoral fue creado para garantizar que los funcionarios respondieran a la institución y no a intereses partidistas. Su pérdida de experiencia, señaló, representa un riesgo que no se resuelve únicamente sustituyendo a la presidencia.
Otro punto de confrontación fue la sobrerrepresentación legislativa de 2024.
Woldenberg y Córdova cuestionaron la interpretación de las reglas de asignación de diputaciones plurinominales que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Woldenberg sostuvo que la coalición oficialista obtuvo aproximadamente 54% de los votos y 74% de las diputaciones, una diferencia que, desde su interpretación del espíritu de la reforma constitucional de 1996, distorsionó el principio de representación proporcional.
Se trata de una controversia jurídica y política: la asignación de escaños fue aprobada por el INE y confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras los exconsejeros cuestionan la interpretación aplicada.
Córdova vinculó ese antecedente con la posibilidad de que una fuerza política acumule capacidad suficiente para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
En la conferencia también se discutió la decisión de la Cámara de Diputados de crear una comisión para revisar la elección presidencial de 2006, después de declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención política en favor de Felipe Calderón.
Ugalde, quien presidió el IFE durante aquella elección, consideró que las declaraciones de Fox fueron irresponsables y recordó que el organismo aprobó un acuerdo de neutralidad para limitar la intervención presidencial.
Sin embargo, cuestionó que la comisión legislativa parta desde su denominación de la existencia de un fraude, en lugar de investigar sin conclusiones anticipadas las condiciones de aquella contienda.
El debate incluyó los vínculos políticos de los propios expresidentes.
Leonardo Valdés confirmó su participación en Somos, proyecto surgido de las movilizaciones de la Marea Rosa y de la defensa del organismo electoral frente a la reforma propuesta por López Obrador en 2022. Aclaró que no busca una candidatura de elección popular.
Woldenberg y Ugalde también descartaron aspiraciones electorales, mientras Córdova afirmó que su participación en el pronunciamiento responde a la defensa de la institucionalidad democrática.
Otro asunto relevante fue la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum de ampliar la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales.
Córdova consideró conveniente recuperar ese esquema, empleado anteriormente por el IFE y el INE para reducir la dependencia de proveedores privados.
Recordó que decisiones adoptadas a partir de 2020, bajo observaciones del entonces titular del Órgano Interno de Control, modificaron el procedimiento para contratar materiales electorales mediante licitaciones.
No obstante, condicionó su respaldo a que Talleres Gráficos de México, como entidad gubernamental, cuente con mecanismos de dirección y vigilancia respaldados por las distintas fuerzas políticas, para evitar trasladar la concentración de decisiones del INE hacia el Ejecutivo federal.
El pronunciamiento recibió el respaldo de exintegrantes del IFE y del INE, entre ellos Andrés Albo Márquez, Macarita Elizondo Gasperín, Teresa González Luna, Lourdes López Flores, Mauricio Merino Huerta, Ciro Murayama Rendón, Jacqueline Peschard Mariscal, Arturo Sánchez Gutiérrez, Marco Antonio Baños Martínez, Beatriz Galindo Centeno, Alejandra Latapí Renner, María Marván Laborde, Rodrigo Morales Manzanares, Benito Nacif Hernández, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala Pérez.
La intervención de los expresidentes coloca una responsabilidad inmediata sobre Morena, sus aliados y la oposición en la Cámara de Diputados: definir la conducción del INE antes de que avance la organización de las elecciones de 2027.
La disputa no se limita a quién sustituirá a Guadalupe Taddei. También comprende el funcionamiento del Consejo General, los controles administrativos, las investigaciones sobre contrataciones y la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.
El desafío institucional será determinar responsabilidades en los presuntos actos de corrupción, recuperar los mecanismos de control y garantizar que la nueva presidencia pueda conducir el proceso electoral con independencia y respaldo político suficiente.
La advertencia de los expresidentes es que un cambio de titular, sin reconstruir la confianza en el organismo y sus decisiones, resultaría insuficiente para resolver la crisis del INE.











