El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador rompió nuevamente su retiro político para salir en defensa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, y acusar al Gobierno de Estados Unidos de haber utilizado la cancelación de su visa como un instrumento de presión contra su familia y contra el movimiento político que encabezó durante más de una década.

En su nuevo libro “Pueblo”, presentado el miércoles pasado, López Obrador sostiene que la medida fue tomada por el Departamento de Estado con el aval del secretario Marco Rubio, y la presenta como parte de una ofensiva de sectores conservadores estadounidenses y mexicanos contra la Cuarta Transformación.

“De ese tenor dogmático y canallesco fue la decisión que tomaron en el Departamento de Estado, con el visto de Marco Rubio, Secretario de esa dependencia de espionaje, que no de inteligencia ni de Estado, de quitarle la visa a mi hijo Andrés Manuel, sin ningún motivo o razón, pensando que con ello les haría el caldo gordo a sus aliados corruptos de la derecha mexicana para buscar afectar nuestra autoridad moral y política, y lo que más les irrita: tratar de borrar nuestros ideales”, escribió.

La acusación introduce directamente a Marco Rubio en una disputa que comenzó en agosto, cuando López Beltrán informó públicamente que Estados Unidos había revocado su visa. Entonces, “Andy” también responsabilizó a Rubio y al subsecretario Christopher Landau, calificando la decisión como política y propagandística.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la denuncia política y los hechos conocidos públicamente: Washington no ha explicado oficialmente las razones específicas por las que retiró la visa de López Beltrán.

Tampoco existe hasta ahora una acusación penal pública presentada por autoridades estadounidenses contra el hijo del ex Presidente.

El episodio adquirió mayor relevancia después de que The New York Times reportara que dos agencias de seguridad de Estados Unidos habían analizado señalamientos relacionados con López Beltrán, particularmente sobre presuntos vínculos con actividades de crimen organizado y contrabando de combustible. El propio diario precisó que esos análisis no equivalían a investigaciones formales ni a la presentación de cargos.

López Beltrán ha rechazado las acusaciones y el Gobierno de Claudia Sheinbaum también ha cuestionado los señalamientos. La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, ha sostenido que no existe una investigación en México contra él por esos hechos.

Es justamente ese vacío —una visa cancelada, pero sin explicación pública de Washington— el que ahora utiliza López Obrador para construir su argumento político.

Para el ex Mandatario, la actuación estadounidense no representa únicamente una decisión migratoria contra su hijo, sino parte de una estrategia de intervención política destinada a debilitar al movimiento que fundó y favorecer a sus adversarios.

En “Pueblo”, amplía esa acusación y sostiene que determinados sectores estadounidenses preferirían tener frente a ellos un gobierno mexicano políticamente débil.

“Prefieren un Gobierno autoritario, desordenado y corrupto que sea vulnerable y dócil ante su pretensión de dominar a México”, afirma.

Después coloca la confrontación dentro de una supuesta articulación ideológica internacional.

“O tal vez influye el hecho de que a ciertos políticos de aquí, de allá y acullá, los hermana la ideología conservadora y como se ha venido demostrando están empeñados en crear una asociación internacional derechista”.

La postura de López Obrador coincide con una etapa particularmente complicada de la relación bilateral.

La administración estadounidense ha endurecido durante 2026 su política contra los cárteles mexicanos, el lavado de dinero, la corrupción vinculada al narcotráfico y funcionarios a los que considera posibles facilitadores de las organizaciones criminales.

Las visas se han convertido además en una herramienta diplomática cada vez más utilizada por Washington contra políticos, empresarios y funcionarios latinoamericanos señalados por corrupción, narcotráfico o acciones consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.

El choque no se limita al caso de “Andy”.

López Obrador dedica también fuertes críticas a la presencia y actuación de organismos estadounidenses de seguridad en México, particularmente después de la controversia generada por la participación de integrantes de la CIA en Chihuahua.

El ex Presidente dirige entonces sus ataques contra el embajador estadounidense Ronald Johnson, un ex militar y antiguo integrante de las fuerzas especiales estadounidenses cuya llegada a México estuvo marcada desde el principio por el énfasis de Washington en seguridad y combate a los cárteles.

“Ronald Johnson, luego que se descubrió la participación ilegal de la CIA en Chihuahua, contraria a una relación de respeto a nuestra soberanía y de buena vecindad, en tono desafiante, no diplomático ni mucho menos político, declaró, precisamente en Sinaloa, que el Gobierno que representa procedería de manera unilateral a presentar denuncias en tribunales de EU contra presuntos lavadores de dinero o políticos corruptos mexicanos vinculados al narco”, sostiene López Obrador.

La crítica escala después hasta convertirse en un cuestionamiento personal contra el diplomático.

“Este Embajador que, repito, no es diplomático ni tampoco político, que más bien actúa como un excitado y entrometido policía, debería ser más ecuánime y menos prepotente, buscar parecerse más a Josephus Daniels y menos al siniestro Henry Lane Wilson. En política exterior no se debe pontificar en territorio ajeno. Debe desaparecer esa mala costumbre de la política exterior de Estados Unidos de solo verla paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

La comparación histórica elegida por López Obrador tampoco es casual.

Josephus Daniels fue embajador estadounidense en México durante el Gobierno de Franklin D. Roosevelt y mantuvo una relación relativamente conciliadora con el Gobierno mexicano, incluso durante la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. En contraste, Henry Lane Wilson quedó asociado históricamente a la intervención estadounidense durante la crisis que desembocó en el derrocamiento de Francisco I. Madero.

Con esas referencias, el ex Presidente presenta la actual presión estadounidense como una nueva expresión del viejo intervencionismo de Washington.

Pero su defensa de Andrés Manuel López Beltrán ocurre en un escenario político particularmente delicado.

“Andy”, quien dejó la Secretaría de Organización de Morena, busca mantenerse dentro de la primera línea política y se registró como aspirante a una candidatura a diputado federal por Tabasco rumbo a 2027. La cancelación de su visa y los señalamientos difundidos en Estados Unidos se han convertido así en un problema que rebasa el ámbito personal de la familia López Obrador.

La controversia toca directamente a Morena.

Y también explica la contundencia con la que el ex Presidente decidió intervenir.

Desde Palenque, mientras insiste en que está retirado de la actividad política y que no es un “jefe máximo” ni ejerce como “poder tras el trono”, López Obrador vuelve a colocar su voz en el centro de una controversia nacional.

Esta vez no solamente para defender su legado.

También para defender a su hijo.

El problema para el discurso del ex Presidente es que todavía permanecen abiertas dos interrogantes fundamentales: por qué Estados Unidos canceló realmente la visa de Andrés Manuel López Beltrán y qué información posee Washington sobre él.