La detención del alcalde morenista de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, dejó de ser un caso aislado desde el momento en que las autoridades comenzaron a desmontar prácticamente toda la estructura de poder que operaba alrededor del Ayuntamiento.
Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre junto con Carlos Alberto de la Paz, “La Parka”, dentro de una investigación que, según las autoridades, involucra una estructura dedicada presuntamente al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidio y protección de grupos criminales en el Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía de Oaxaca lo vincula particularmente con “Los Cromos”, organización señalada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
La profundidad del problema quedó expuesta apenas horas después.
También fue detenido Jhon Keny Moreno, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, acusado por la Fiscalía estatal de brindar presuntamente protección precisamente a “Los Cromos”.
Después, fuerzas federales y estatales intervinieron directamente la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron una revisión extraordinaria de la corporación y retiraron 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos. La Secretaría de Seguridad de Oaxaca argumentó que ya no existían condiciones jurídicas y administrativas para mantener ese armamento bajo control municipal.
Es decir, no solamente cayó el alcalde.
El gobierno municipal fue prácticamente desmantelado y su aparato de seguridad quedó intervenido.
El gobernador Salomón Jara terminó solicitando al Congreso local la desaparición del Ayuntamiento. El Legislativo aprobó la medida y posteriormente el mandatario nombró a Francisco Vásquez Jiménez, fundador y encargado del cuerpo de Bomberos de Juchitán, como comisionado municipal temporal.
Jara declaró:
“He instruido al Secretario de Gobierno a que solicite al Congreso del estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y con ello nombrar un encargado de la administración municipal”.
Pero el problema político para el gobernador comienza precisamente ahí.
Porque Miguel Sánchez Altamirano no era un personaje ajeno al grupo gobernante de Oaxaca.
Su trayectoria política estuvo estrechamente ligada a Emilio Montero Pérez, exalcalde de Juchitán y hasta esta semana director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEEPO.
Sánchez comenzó como secretario particular de Montero. Cuando éste dejó la Presidencia Municipal para incorporarse al gobierno estatal de Salomón Jara, Sánchez terminó asumiendo la Alcaldía y posteriormente ganó por cuenta propia la elección para gobernar Juchitán entre 2025 y 2027.
La relación no terminó ahí.
Todavía en abril de este mismo año, el propio IEEPO, encabezado por Montero, informaba oficialmente de trabajos conjuntos con el Ayuntamiento de Miguel Sánchez Altamirano dentro del denominado Plan Juchitán por la Paz, impulsado por el gobierno de Salomón Jara.
La paradoja resulta inevitable: mientras autoridades estatales y municipales hablaban públicamente de construir una “cultura de paz”, las investigaciones federales y estatales terminaron señalando al alcalde por presuntamente proteger una estructura criminal.
El escándalo finalmente alcanzó a Emilio Montero.
El viernes presentó su renuncia al IEEPO, en medio de los cuestionamientos por su cercanía política con Sánchez Altamirano y después de que surgieran además reportes sobre funcionarios de Juchitán incluidos en la nómina del instituto educativo.
La trama adquiere todavía una dimensión política mayor.
Diversos registros ubican tanto a Miguel Sánchez Altamirano como a Emilio Montero dentro del entorno político del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas, FUCO, organización vinculada históricamente al senador morenista Antonino Morales Toledo. Incluso existen registros de actividades políticas conjuntas desde años atrás entre Sánchez, Montero y estructuras ligadas a FUCO.
El País documentó además que Sánchez Altamirano era considerado uno de los operadores políticos de Morena en el Istmo y describió a Emilio Montero y Antonino Morales como personajes con peso electoral dentro de una región estratégica para Salomón Jara.
Eso no significa, por sí mismo, que Jara, Montero o Morales sean responsables penalmente de los delitos atribuidos al alcalde.
Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que Salomón Jara esté imputado dentro de la investigación contra Sánchez Altamirano, ni que la Fiscalía haya acreditado que conociera o participara en las actividades criminales que se investigan.
Tampoco está acreditado públicamente que la decisión de desaparecer el Ayuntamiento haya sido producto de una orden o presión directa del Gobierno federal. Lo comprobable es que las investigaciones y operativos han sido ejecutados mediante una coordinación de instituciones federales y estatales.
Pero precisamente por la dimensión que alcanzó el caso, la pregunta institucional ya resulta inevitable: hasta dónde llegaba la estructura de protección política y quién sabía qué ocurría en Juchitán.
Porque estamos hablando de un alcalde que participaba en reuniones oficiales de seguridad, convivía políticamente con dirigentes estatales de Morena y formaba parte de una estructura que durante años acumuló poder en el Istmo. La propia La Jornada documentó que Sánchez asistía regularmente a las mesas de seguridad de la región, donde tenía conocimiento de las acciones gubernamentales contra organizaciones criminales.
La situación se vuelve todavía más delicada porque el operativo alcanzó directamente a la Policía Municipal.
Durante la detención del alcalde hubo bloqueos carreteros en Juchitán y posteriormente las autoridades investigaron la participación de agentes municipales en las acciones destinadas a obstaculizar su traslado.
El mensaje político inicial de Salomón Jara fue:
“Nadie estará por encima de la ley”.
Y añadió:
“No habrá impunidad ni excepciones. Quien se aparte del estado de derecho tendrá que enfrentar las consecuencias”.
La declaración coloca ahora un estándar para su propio gobierno.
Si las investigaciones sostienen que durante años funcionó en Juchitán una red que combinaba extorsión, protección criminal, estructuras policiacas y poder municipal, limitar el expediente exclusivamente a Sánchez Altamirano dejaría sin responder cómo pudo consolidarse esa estructura dentro de uno de los municipios políticamente más importantes del Istmo.
También está el caso de Elvis Guerra, poeta, diseñadora y artista muxe cuyo domicilio fue baleado después de negarse a pagar una extorsión de 200 mil pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que habló personalmente con Guerra, pero aclaró que la detención del alcalde derivó de una investigación anterior y no directamente de ese ataque:
“La detención del alcalde de Juchitán se da en el mismo momento o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”.
Precisamente esa aclaración aumenta la relevancia del expediente.
Si la investigación era previa, significa que las autoridades ya recopilaban información sobre la posible existencia de una red criminal dentro del gobierno municipal antes de que el caso se volviera nacional.
Ahora falta conocer hasta dónde llegará esa investigación.
La detención de Miguel Sánchez Altamirano, la captura de Jhon Keny Moreno, la intervención de la Policía Municipal, la desaparición del Ayuntamiento y la salida de Emilio Montero del IEEPO describen algo mucho más amplio que la presunta conducta criminal de un presidente municipal.
Describen el colapso de una estructura política y administrativa que durante años gobernó Juchitán y mantuvo conexiones directas con el poder estatal.
Investigar esas conexiones no equivale a declarar culpable a Salomón Jara, a Antonino Morales o a cualquier otro dirigente político.
Pero esclarecer quién permitió, ignoró o conoció la operación de esa estructura es indispensable para determinar si Juchitán fue solamente un municipio infiltrado por el crimen organizado o si la red de protección alcanzó niveles superiores del poder político en Oaxaca.
