Apenas unos días después de que el Senado, dominado por Morena y sus aliados, aprobara una polémica reforma bautizada como “Ley Antimemes”, el Gobierno de Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente sobre las redes sociales: ahora plantea imponer obligaciones a las plataformas digitales para detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, además de reforzar la vigilancia gubernamental en espacios digitales.

El detonante fue el ataque ocurrido el jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron con machetes y petardos, asesinaron a la subdirectora y dejaron cuatro personas lesionadas. Los dos jóvenes fueron sometidos por pobladores y posteriormente detenidos.

La tragedia exige respuestas, investigación y mecanismos efectivos de prevención. Pero el Gobierno federal decidió colocar rápidamente el foco también sobre internet, las plataformas digitales y las comunidades virtuales, abriendo una discusión mucho más amplia: hasta dónde puede llegar el Estado en la vigilancia y remoción de contenidos sin convertir una política de prevención en un mecanismo de control de la conversación pública.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó desde Palacio Nacional que la administración federal trabaja en un instrumento que podría estar listo la próxima semana.

“Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes”, explicó.

La estrategia incluye además una participación creciente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El organismo intensificará el seguimiento de redes sociales, foros, servicios de mensajería y otras comunidades digitales para identificar patrones de comportamiento, amenazas creíbles y llamados a cometer actos violentos.

El Gobierno también plantea fortalecer la regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes, incorporar mecanismos de verificación de edad y aumentar las responsabilidades legales de las empresas tecnológicas.

Existe un argumento legítimo detrás de esa discusión. La Fiscalía de Coahuila, encabezada por Federico Fernández Montañez, investiga evidencias de que los atacantes de Torreón consumían contenidos asociados con agresores masivos y buscaban identificarse con comunidades digitales donde circulan discursos violentos. Otros ataques recientes contra escuelas también han llevado a las autoridades a investigar retos virales, comunidades extremistas y procesos de radicalización en línea.

Pero una cosa es investigar una amenaza concreta y otra muy distinta entregar al Gobierno facultades ambiguas para decidir qué contenido debe permanecer en internet y cuál debe desaparecer.

Ahí está el problema central: La definición de “contenido que incite directamente a la violencia” puede parecer clara en casos extremos, como una amenaza explícita o instrucciones para cometer una agresión. El conflicto aparece cuando la autoridad amplía esa interpretación a comentarios, discursos, sátira, confrontación política o expresiones consideradas ofensivas.

Y el momento político vuelve inevitable la sospecha: Sólo días antes, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, calificadas públicamente como “Ley Antimemes”, que contemplan penas de hasta cinco años de prisión en determinados casos relacionados con el uso indebido de identidades gráficas institucionales.

El Gobierno sostiene que esa reforma está dirigida contra el fraude y la falsificación y que no pretende prohibir memes ni sátira política. Sin embargo, especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que una redacción imprecisa puede generar interpretaciones expansivas y efectos inhibitorios sobre la crítica.

Ahora aparece una segunda iniciativa relacionada directamente con el universo digital.

El contexto es relevante porque, apenas esta semana, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente desde Palenque, Chiapas, y lanzó críticas contra las mismas redes sociales que durante años calificó como las “benditas redes sociales”, al considerar que habían permitido a su movimiento romper el predominio informativo de los medios tradicionales. En su nuevo discurso acusó a las plataformas y a los medios digitales de manipulación y control.

La coincidencia política es evidente: mientras figuras centrales de la Cuarta Transformación cuestionan crecientemente a las redes, el aparato gubernamental avanza hacia nuevas facultades de supervisión, regulación y eliminación de contenidos.

Países como Australia, Reino Unido y los integrantes de la Unión Europea han creado obligaciones para las grandes plataformas destinadas a proteger a menores y combatir materiales ilícitos o contenidos que promueven directamente la violencia. El debate internacional, sin embargo, gira precisamente alrededor de los límites, la proporcionalidad, la transparencia y las garantías contra decisiones arbitrarias.

En México existe además un precedente jurídico que el Gobierno no debería ignorar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las restricciones a la libertad de expresión en internet deben estar previstas legalmente, perseguir una finalidad legítima y, sobre todo, ser necesarias y proporcionales. La Corte incluso declaró inconstitucional el bloqueo indiscriminado de una página cuando la restricción afectaba contenidos que no eran ilegales.

Por ello, la pregunta no es si deben combatirse amenazas explícitas o contenidos diseñados para impulsar ataques. La pregunta es quién definirá la frontera, quién determinará cuándo una expresión representa una amenaza real, cuál será el procedimiento para ordenar su eliminación, qué autoridad podrá solicitarla, qué posibilidades tendrá un ciudadano de defenderse frente a una decisión incorrecta y, particularmente, hasta dónde podrá llegar el CNI en la vigilancia de conversaciones y comunidades digitales.

Porque detrás de una tragedia como la ocurrida en Torreón existen factores mucho más complejos que una publicación en Facebook, TikTok o un foro de internet: violencia familiar, aislamiento social, salud emocional, abandono escolar, disponibilidad de armas, entornos comunitarios y fallas en los sistemas de prevención.

Convertir a las redes sociales en la explicación predominante puede ser políticamente cómodo, pero NO constituye por sí mismo una política integral contra la violencia escolar.