La detención del alcalde morenista de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, abrió una investigación que alcanza mucho más allá de un caso aislado de extorsión: las autoridades federales y estatales indagan una presunta estructura de protección institucional al crimen organizado que habría operado durante años en una de las ciudades estratégicas del Istmo de Tehuantepec.

Sánchez Altamirano, también conocido como “Quetu”, fue detenido el miércoles 23 de septiembre junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca y corporaciones estatales.

Las órdenes de aprehensión fueron libradas por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, las investigaciones oficiales relacionan la estructura a la que presuntamente pertenecían con cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios, además de esquemas de protección que habrían facilitado la operación de organizaciones criminales en el Istmo.

La Fiscalía de Oaxaca fue todavía más lejos al señalar que Sánchez Altamirano habría “participado, fomentado y encubierto actividades delincuenciales” debido a sus presuntos nexos con Los Cromos, agrupación identificada por la autoridad estatal como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó además que la investigación busca determinar el funcionamiento de los presuntos esquemas de protección utilizados para permitir las actividades criminales en Juchitán y otras zonas del Istmo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó, paralelamente, el bloqueo de cuentas y recursos financieros de personas vinculadas con la investigación.

La captura provocó una reacción inmediata en Juchitán. Policías municipales, mototaxistas y simpatizantes del alcalde bloquearon accesos carreteros y trataron de impedir su traslado.

En puntos como Canal 33, sobre la carretera federal 185 Transístmica, fueron incendiadas llantas y se establecieron bloqueos. Reportes locales señalaron incluso que unidades de la Policía Municipal siguieron al convoy encargado del traslado.

La movilización no impidió que Sánchez Altamirano fuera llevado a instalaciones militares en Ciudad Ixtepec y posteriormente trasladado por vía aérea fuera de Oaxaca. El edil y su acompañante fueron conducidos hacia el centro del país para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

La captura representa también un golpe político para Morena en Oaxaca.

Sánchez Altamirano no era un personaje ajeno a la estructura gobernante. Su carrera estuvo estrechamente vinculada con Emilio Montero Pérez, exalcalde de Juchitán y actual titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) dentro del gobierno encabezado por Salomón Jara.

Antes de convertirse en alcalde, Sánchez Altamirano fue secretario particular de Emilio Montero. Posteriormente asumió la presidencia municipal cuando Montero dejó el Ayuntamiento para incorporarse al gobierno estatal.

En 2024, Morena volvió a respaldarlo. Sánchez Altamirano ganó la elección municipal encabezando una alianza integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Oaxaca, con más de 34 mil votos, y asumió nuevamente el gobierno municipal para el periodo 2025-2027.

Pero las señales de infiltración criminal en Juchitán venían de tiempo atrás.

En junio de 2025, autoridades federales y estatales desplegaron la denominada Operación Sable y tomaron temporalmente el control de la seguridad municipal.

Los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza, mientras la Policía Estatal, Marina, Defensa y Guardia Nacional asumieron las labores de seguridad.

La intervención alcanzó también al Centro de Comando y Control C2.

Las investigaciones determinaron que cámaras del sistema municipal de videovigilancia transmitían imágenes “en espejo” a personas no autorizadas. El director del C2 terminó a disposición del Ministerio Público y las autoridades reconocieron públicamente que había elementos del aparato municipal de seguridad que presuntamente estaban siendo utilizados para favorecer actividades delincuenciales.

Más de un año después, la investigación llegó hasta el presidente municipal.

Otro episodio terminó por acelerar la presión sobre Juchitán.

El viernes 18 de septiembre, la vivienda de Elvis Guerra, poeta, diseñador textil y miembro de la comunidad muxe que participó en la elaboración del vestido utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, fue atacada a balazos.

Guerra denunció que desde semanas antes recibía amenazas y que un grupo criminal le exigía 200 mil pesos después de la apertura de un salón de eventos familiar.

Tras negarse a pagar, comenzaron las amenazas.

Posteriormente ocurrió el ataque armado contra su vivienda.

El diseñador hizo pública su situación y pidió directamente la intervención de Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Por favor, voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga”, solicitó públicamente Guerra, quien aseguró que numerosas personas han tenido que abandonar la ciudad por miedo a la violencia y las extorsiones.

Sheinbaum se comunicó con él y posteriormente confirmó que contaría con protección.

El caso adquirió todavía mayor dimensión cuando el gobernador Salomón Jara reconoció que las autoridades ya tenían conocimiento de denuncias de extorsión contra comerciantes y habitantes de Juchitán, pero admitió que el caso de Elvis Guerra aceleró la actuación gubernamental.

“Sí, tenemos conocimiento de esta extorsión, efectivamente, por parte de empresarios, por parte de ciudadanos”, declaró Jara.

Sobre la denuncia del diseñador agregó:

“Fue el vaso que derramó el agua, porque ahí fue donde se comentó de parte del propio diseñador todo lo que ocurría en Juchitán”.

La declaración deja una pregunta inevitable: si las autoridades conocían previamente las extorsiones y desde junio de 2025 habían intervenido una Policía Municipal y un C2 presuntamente infiltrados, ¿por qué fue necesaria una denuncia que llegó directamente a la Presidencia para acelerar una acción de esta magnitud?

El mismo día de la detención del alcalde, Elvis Guerra fue recibido por Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en Palacio Nacional.

Mientras tanto, Salomón Jara aseguró que “en Oaxaca, nadie estará por encima de la ley” y sostuvo que no habrá impunidad ni excepciones para funcionarios que se aparten del Estado de derecho.

Ahora corresponderá a los jueces determinar la responsabilidad penal de Miguel Sánchez Altamirano.

Pero políticamente el caso ya exhibe un problema mayor: durante más de un año las propias autoridades documentaron señales de infiltración criminal dentro de las instituciones municipales de Juchitán y, finalmente, la investigación alcanzó al presidente municipal respaldado electoralmente por Morena y cercano a figuras del gobierno estatal.

La denuncia de Elvis Guerra aparentemente consiguió lo que cientos de denuncias anónimas o silenciosas no habían conseguido: colocar la extorsión de Juchitán directamente frente a la Presidencia de la República.

Y, pocos días después, cayó el alcalde.