El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó ante el Senado que no existe una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el asunto relacionado con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, después de que legisladores del PAN exigieran esclarecer los señalamientos sobre una presunta red de corrupción y tráfico de influencias.

Durante su comparecencia del 6 de octubre, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el funcionario sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúa sin excepciones. Sin embargo, explicó su intervención en función de los requerimientos de la Fiscalía y de otras autoridades.

“La UIF es coadyuvante en procesos judiciales y la Unidad no hace ninguna excepción, no tiene otra restricción más que la guía que le da la Fiscalía y otras entidades que requieran de su asistencia”, declaró.

Amador añadió: “Todos los expedientes han sido completamente documentados y no existe en este momento investigación en ese sentido por parte de la Fiscalía”.

La respuesta colocó en el centro de la comparecencia la ausencia de una investigación oficialmente reconocida, pese a los reportajes y acusaciones públicas sobre los negocios de Olán y su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora por Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez Simón, vicecoordinadora del PAN, acusó a López Beltrán y a Olán de haber obtenido beneficios mediante una estructura de relaciones políticas y empresariales. Sostuvo que “se dedicaron a saquear los recursos mexicanos bajo el encubrimiento y complicidad del Gobierno de Morena”.

Al presentar un esquema de los vínculos que atribuye a esa presunta red, la legisladora afirmó:

“Desde 2018 a la fecha, existen múltiples y documentadas investigaciones periodísticas que señalan a Andy López Beltrán como el líder de una red de tráfico de influencias, corrupción y negocios ilícitos, y aquí le muestro la red de corrupción, encabezada por Andy López Beltrán, alias ‘el Junior del Bienestar’, con negocios de corrupción, con el huachicol fiscal, con el balastro del Tren Maya, tráfico de influencias y delincuencia organizada”.

Martínez Simón también señaló a Amílcar Olán como presunto intermediario de negocios vinculados con el sector salud, las obras ferroviarias y los combustibles.

“Tenemos a Amílcar Olán, alias ‘El Amigo’, que también es prestanombres, con los medicamentos en el Insabi, balastro del Tren Maya, huachicol fiscal y Pemex, con contratos que conocemos hasta el momento de hasta 33 mil 500 millones de pesos”, expresó.

El monto de 33 mil 500 millones de pesos corresponde a lo denunciado por la senadora durante la comparecencia. No constituye, por sí mismo, un desfalco acreditado judicialmente, ni demuestra que todos los contratos mencionados hayan sido ilegales.

La legisladora cerró su intervención con una pregunta directa: “¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán?”.

En otra ronda, el senador panista José Máximo García López pidió aclarar si existía una indagatoria financiera sobre Olán, después de publicaciones acerca de una presunta cuenta de inversión en Suiza. También reclamó conocer qué acciones había realizado la UIF y si aplicaría los mismos criterios sin importar las relaciones políticas de las personas señaladas.

El titular de Hacienda respondió que la UIF no había recibido un requerimiento de las autoridades respecto del expediente mencionado y reiteró que el organismo debe tratar con el mismo criterio a todas las personas físicas y morales.

Los cuestionamientos tienen como antecedente investigaciones periodísticas sobre la cercanía de Olán con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, y sobre empresas vinculadas con contratos de insumos médicos y proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

A finales de septiembre, Claudia Sheinbaum sostuvo que correspondía a la FGR determinar si había elementos para investigar al empresario. Previamente, la fiscal general Ernestina Godoy había negado la existencia de órdenes de aprehensión contra Olán y López Beltrán. La ausencia de una orden de captura y la ausencia de una investigación son situaciones distintas, aunque ambas han aparecido en las respuestas oficiales sobre el caso.

La explicación de Amador también deja abierta una cuestión institucional. Entre las funciones de la UIF están recibir y analizar información financiera y, cuando corresponda, presentar denuncias ante la autoridad competente. Por ello, su actuación no se limita a colaborar en procesos judiciales ya iniciados.

La comparecencia dejó así pendiente explicar qué información ha analizado Hacienda, qué conclusiones obtuvo y si encontró elementos para presentar una denuncia.