Los presuntos conflictos de interés en el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzaron hasta el círculo más cercano de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Ahora resulta que su propio chofer, Jonathan Navarrete Torres, aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de materiales electorales que ha sido investigada por presuntas operaciones irregulares, posibles vínculos con el crimen organizado y prácticas monopólicas.

El caso no parece un episodio aislado. Es una nueva pieza de una red de relaciones entre empresarios, representantes legales y funcionarios electorales que se ha extendido desde organismos estatales hasta la estructura administrativa del INE bajo la presidencia de Taddei.

De acuerdo con información del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 28 de junio de 2023, mediante el acta 64225000P0, Rodolfo Higareda Coen, representante de Corporativo Zeg, otorgó a Jonathan Navarrete Torres “un poder general para pleitos y cobranzas”.

El documento le concedía facultades para representar los intereses de la compañía ante autoridades federales, estatales y municipales, así como intervenir en procedimientos civiles, judiciales y administrativos, demandas, amparos y otras acciones legales.

Casi dos años después, el 15 de abril de 2025, Navarrete Torres fue incorporado al INE como chofer de la consejera presidenta, una posición de confianza por su cercanía cotidiana con la máxima autoridad del organismo electoral.

Su declaración patrimonial, presentada el 30 de junio de 2026, establece que percibe un salario mensual de 45 mil 765 pesos por transportar de “manera segura y eficiente” a Guadalupe Taddei.

Sin embargo, en ese documento no informó sobre el poder legal que recibió de Corporativo Zeg. Únicamente señaló como antecedente laboral su desempeño como chofer de Mercedes Benz.

Navarrete Torres declaró estudios de bachillerato en la Universidad Tres Culturas, con formación en Diseño Gráfico.

La omisión abre interrogantes sobre sus posibles intereses empresariales y obligaciones de transparencia. Aunque recibir un poder para pleitos y cobranzas no constituye por sí mismo un delito ni demuestra una relación laboral remunerada, su vinculación con una empresa contratista del organismo obliga a esclarecer si existió un conflicto de interés y si estaba legalmente obligado a declararlo.

Pero el caso adquiere mayor relevancia cuando se examina quiénes están detrás de las empresas proveedoras y qué otros funcionarios cercanos a Taddei han mantenido vínculos con ellas.

Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías relacionadas con los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, han concentrado una parte importante del negocio de fabricación y suministro de urnas, mamparas y otros materiales utilizados en los procesos electorales.

Ambas empresas han enfrentado investigaciones de distintas autoridades. En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias ante sospechas de operaciones relacionadas con lavado de dinero.

Las compañías y sus propietarios consiguieron amparos judiciales que permitieron levantar las restricciones, con fundamento en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las condiciones legales para bloquear cuentas. Esas resoluciones no equivalen a una sentencia que determine la licitud de todas sus operaciones ni acreditan responsabilidad penal.

También han sido objeto de señalamientos y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras que en mayo de 2024, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relacionadas con la contratación pública de materiales electorales.

La existencia de estas investigaciones tampoco supone que las empresas hayan sido declaradas culpables, pero sí plantea cuestionamientos sobre los controles de contratación del INE y sus organismos electorales estatales.

Uno de los antecedentes más delicados involucra a Jesús Octavio García González, quien fue representante legal de Corporativo Zeg y Cajas Graf y posteriormente llegó a ocupar la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, responsable de administrar los recursos institucionales.

García González permaneció en el cargo hasta abril de 2026, después de que se hicieran públicos sus vínculos con las proveedoras y una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) por un probable conflicto de interés.

La relación no era desconocida. García González había intervenido durante años en procedimientos de contratación pública a nombre de esas empresas, incluso ante organismos electorales estatales.

En enero de 2025, representó a Corporativo Zeg en una licitación del INE por hasta 197 millones de pesos para adquirir urnas, mamparas y otros materiales. Aunque el procedimiento fue declarado desierto, posteriormente se adjudicaron directamente a Cajas Graf contratos por aproximadamente 195.1 millones de pesos.

La coincidencia es significativa: un representante de las empresas proveedoras terminó administrando los recursos del instituto que las contrataba, mientras otro apoderado de una de ellas se convirtió en el chofer personal de la presidenta.

Los antecedentes de estos vínculos se remontan a 2021, cuando Guadalupe Taddei presidía el organismo electoral de Sonora, donde Cajas Graf obtuvo un contrato por aproximadamente 46 millones de pesos.

En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del instituto electoral local, participó en la asignación de un contrato por alrededor de 32 millones de pesos a Corporativo Zeg. Posteriormente fue incorporada a la estructura del INE por Taddei, donde ha ocupado responsabilidades en materia de género y capacitación electoral.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, cuando presidía el instituto electoral estatal, autorizó en 2021 un contrato de 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después se convirtió en secretaria ejecutiva del INE, con el respaldo de Guadalupe Taddei.

Las coincidencias vuelven a aparecer en las fechas. Corporativo Zeg y Cajas Graf fueron incorporadas al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, apenas dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo.

El patrón plantea una cuestión de fondo: ¿hasta dónde llegan las relaciones entre quienes otorgan los contratos electorales y quienes reciben los recursos públicos?

A las dudas sobre los contratos y los nombramientos se suma un episodio que hasta ahora permanece sin una explicación completa: la camioneta BMW blindada utilizada por Guadalupe Taddei.

Desde finales de 2025 hasta abril de 2026, la presidenta del INE se trasladó en ese vehículo, que no formaba parte de la flotilla oficial del instituto.

Taddei explicó que la Chevrolet Captiva asignada institucionalmente había sufrido una avería y que la BMW utilizada para sus desplazamientos era “prestada”.

Sin embargo, no aclaró públicamente quién era el propietario del vehículo ni bajo qué condiciones se realizó el préstamo.

Tampoco se ha acreditado que la camioneta perteneciera a Corporativo Zeg, Cajas Graf o a sus propietarios. Precisamente por ello, la identidad de quien proporcionó el vehículo resulta relevante para descartar cualquier beneficio privado incompatible con las funciones públicas de la presidenta.

La acumulación de antecedentes dibuja un escenario preocupante para la credibilidad del árbitro electoral mexicano.

Un exrepresentante de proveedores administrando recursos del INE; funcionarios que anteriormente otorgaron contratos a esas mismas empresas; un chofer presidencial con poderes legales de una compañía contratista; y un vehículo blindado de propiedad no aclarada.

Ninguno de esos hechos, considerado aisladamente, demuestra por sí solo la comisión de un delito. Pero su concurrencia amerita una investigación integral, independiente y transparente para determinar si hubo incompatibilidades, declaraciones incompletas, beneficios indebidos o irregularidades en la contratación pública.

La responsabilidad institucional de Guadalupe Taddei no se limita a explicar los nombramientos de su círculo cercano. También implica garantizar que los recursos destinados a organizar las elecciones no queden sujetos a intereses particulares.