La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta nuevos cuestionamientos sobre su gestión, luego de que se revelara su estrecha relación personal con José Alfredo Hernández Casillas, empresario proveedor del organismo y vinculado a una red de siete empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones fraudulentas, simulación de competencia y triangulación de recursos públicos. Publicó el periódico Reforma

La controversia va más allá de una amistad entre una funcionaria y un contratista. El problema es que empresas relacionadas con Hernández Casillas han obtenido contratos millonarios del INE, mientras personas que anteriormente colaboraron con el empresario fueron incorporadas a puestos administrativos y de confianza dentro del propio instituto.

De acuerdo con una investigación publicada por REFORMA, fotografías y videos exhiben a Taddei y Hernández Casillas conviviendo en reuniones privadas, comidas, juegos de cartas y celebraciones familiares, una cercanía que, según fuentes del organismo electoral, se intensificó a partir de agosto de 2024.

Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando el empresario asistió al festejo por el cumpleaños número 62 de la consejera presidenta, celebrado en una casona de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México.

Según testimonios recabados por el diario, Hernández Casillas incluso participó en la organización de la celebración, a la que asistieron los hijos de la funcionaria, León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei, funcionarios de su círculo más cercano y colaboradores del propio empresario.

La convivencia privada adquiere relevancia porque Hernández Casillas no es un proveedor cualquiera. Su grupo empresarial figura en una investigación financiera federal por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y movimientos de dinero entre compañías relacionadas.

La UIF mantiene desde 2023 una investigación sobre siete empresas vinculadas con el empresario y su entorno familiar: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Las pesquisas buscan determinar si estas sociedades participaron en procedimientos de contratación aparentando competir entre sí, cuando en realidad podrían responder a intereses empresariales comunes.

También se indagan posibles triangulaciones de recursos y operaciones con empresas que presentan características de factureras, utilizadas presuntamente para respaldar transacciones inexistentes o simular servicios.

La dimensión financiera del caso es considerable. Durante 2023 y 2024 fueron bloqueadas alrededor de 400 cuentas bancarias, mientras que, según los reportes difundidos, permanecen vigentes 70 bloqueos relacionados con 13 personas físicas y siete empresas.

Estas investigaciones no constituyen por sí mismas una sentencia de culpabilidad, pero colocan bajo escrutinio las decisiones administrativas del instituto encargado de organizar las elecciones federales.

La relación entre Taddei y los Hernández Casillas tiene antecedentes que se remontan a su etapa al frente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, antes de asumir la presidencia del INE el 3 de abril de 2023.

El negocio también creció en el ámbito federal. En 2025, Cajas Graf y TOL Producciones, vinculadas con la familia Hernández Casillas, recibieron una adjudicación directa por aproximadamente 197 millones de pesos para suministrar materiales electorales destinados a la elección judicial.

La operación resulta especialmente delicada porque se produjo bajo una administración encabezada por una funcionaria que, según las investigaciones periodísticas, mantiene una relación personal frecuente con uno de los empresarios beneficiados.

Sin embargo, el posible conflicto de interés no termina en los contratos. También alcanza la estructura administrativa del INE.

Entre los personajes relacionados con el consorcio que ocuparon puestos dentro del instituto figura Jonathan Navarrete Torres, identificado como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las empresas bajo investigación financiera.

Navarrete apareció en la nómina del organismo con funciones de traslado de la consejera presidenta y un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, pese a que empleados del instituto aseguraron no verlo desempeñar regularmente esas tareas, circunstancia que dio origen a los señalamientos sobre el llamado “chofer fantasma”.

Su documentación institucional establecía como función principal “transportar de manera segura y eficiente” a la presidenta del INE.

No obstante, al comparecer ante los medios el 21 de octubre, Taddei rechazó que Navarrete hubiera desempeñado realmente ese trabajo, aunque reconoció que estuvo adscrito a la Presidencia del instituto.

“Jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a Presidencia, pero nunca ha sido ni fue ni será mi chofer porque ya no labora aquí”, afirmó.

La explicación abre una interrogante administrativa: si Navarrete no era su conductor, ¿qué funciones realizaba para justificar su contratación y el salario que recibía del presupuesto público?

Otro personaje señalado es Jesús Octavio García González, exrepresentante de empresas vinculadas con los Hernández Casillas, quien posteriormente fue designado director de Administración del INE, cargo que ocupó entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

También aparece Mario Burciaga, identificado como director de Recursos Materiales, cuya relación con el entorno empresarial y participación en las contrataciones debe ser esclarecida.

De acuerdo con las fuentes citadas por REFORMA, habría sido la propia Guadalupe Taddei quien gestionó la incorporación de colaboradores vinculados con el empresario a la estructura del instituto. Se trata de un señalamiento que requiere corroboración mediante los expedientes de contratación y nombramiento.

La polémica aumentó cuando la presidenta reconoció que otro de sus colaboradores, Luis Alberto Bustamante Canizales, quien efectivamente realiza labores de conductor y asistente personal, se encuentra registrado administrativamente como “Líder de Proyecto”, con una remuneración cercana a los 70 mil pesos mensuales.

“Es mi chofer, yo prefiero llamarle mi ‘asistente especializado’ porque me parece que esa es una de las funciones más relevantes que realiza”, justificó.

La declaración expuso otra inconsistencia: dos colaboradores relacionados con funciones de traslado de la Presidencia aparecieron con categorías administrativas y salarios considerablemente distintos, sin que quedaran suficientemente explicadas las razones de esas diferencias.

Durante su mensaje a los medios, en el que no aceptó preguntas, la titular del INE sostuvo que no tenía “empresas favoritas”, una afirmación que contrasta con los señalamientos sobre su convivencia personal con uno de los principales proveedores del organismo.

El fondo del asunto es institucional. El INE administra miles de millones de pesos de recursos públicos y tiene la obligación de garantizar imparcialidad, transparencia y competencia efectiva en sus contrataciones.

La amistad entre una funcionaria y un empresario no constituye automáticamente una conducta ilícita. Sin embargo, cuando esa relación coincide con adjudicaciones millonarias, investigaciones financieras y nombramientos de personas vinculadas con el contratista, surgen indicios que justifican una revisión independiente.

Corresponde determinar si existieron declaraciones de posibles conflictos de interés, participación de funcionarios relacionados con las empresas en decisiones de contratación, irregularidades en los procedimientos de adjudicación o aprovechamiento indebido de posiciones administrativas.

La autonomía constitucional del INE no significa inmunidad frente a la fiscalización. La revisión de sus recursos públicos corresponde, según la naturaleza de los hechos, a las instancias de control y fiscalización competentes, incluida la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las investigaciones financieras o penales que procedan.