El anuncio representa un giro en la posición de Taddei, quien apenas unas horas antes había manifestado ante integrantes del Consejo General del INE su determinación de permanecer en el cargo, pese a las exigencias de renuncia y las investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, el propio INE retiró minutos después el comunicado en el que se anunciaba su salida, sin que inicialmente se explicaran las razones. La circunstancia abrió nuevas interrogantes sobre la decisión y su confirmación definitiva.

En el documento difundido por el organismo electoral, Taddei expresó:

“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”.

La decisión anunciada ocurre después de una serie de revelaciones periodísticas sobre la estrecha relación personal de Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías que han obtenido contratos millonarios de organismos electorales.

El escándalo se intensificó tras la difusión de videos y fotografías que muestran la cercanía entre la consejera presidenta y el contratista. A ello se agregó un reportaje de Latinus, presentado por el periodista Carlos Loret de Mola, sobre la presencia de uno de los hijos de Taddei junto a Hernández Casillas durante un viaje a París, Francia.

Las revelaciones colocaron bajo escrutinio público la relación entre intereses privados, vínculos personales y decisiones de contratación dentro de una institución cuya responsabilidad constitucional exige independencia e imparcialidad.

Entre las compañías mencionadas en las investigaciones periodísticas figuran Corporativo ZEG y Cajas Graf, relacionadas con contrataciones de materiales electorales. También surgió el nombre de Jonathan Navarrete Torres, identificado en publicaciones como conductor de la presidenta del organismo y vinculado con la representación legal de una empresa proveedora.

La controversia adquirió una dimensión institucional cuando la Auditoría Superior de la Federación anunció, el 23 de octubre, una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios por parte del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

El órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios de irregularidades, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, aunque todavía no existe una resolución definitiva que establezca responsabilidades administrativas o penales.

A estas investigaciones se sumaron cuestionamientos sobre empresas relacionadas con proveedores del instituto y referencias a indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La presión también llegó al terreno político. Representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Somos, así como otras voces políticas, solicitaron que Taddei se separara del cargo mientras se esclarecían las contrataciones cuestionadas.

En su comunicado, la consejera presidenta sostuvo que su decisión busca preservar la institución por encima de las controversias personales.

“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

También defendió la necesidad de mantener el debate público sin anticipar responsabilidades y aseguró:

“Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”.

En otro fragmento, planteó:

“Esta circunstancia me ha llevado a ponderar la importancia que, como siempre he sostenido, tiene el Instituto Nacional Electoral para la vida de México. La responsabilidad de organizar las elecciones va mucho más allá de cualquier persona”.

Su anuncio se produce cuando el INE desarrolla los preparativos para las elecciones federales de 2027, en las que deberá garantizar la legalidad, transparencia y credibilidad de los procedimientos electorales.

La salida de Taddei, de concretarse, abrirá un nuevo proceso de designación en la Cámara de Diputados, la misma instancia que en 2023 la eligió mediante el procedimiento de insaculación, ante la falta de un acuerdo legislativo.

La presidenta del organismo afirmó en su mensaje:

“El Instituto Nacional Electoral, y la responsabilidad que tiene frente a México, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”.

Sin embargo, el anuncio de renuncia no resuelve las investigaciones en curso ni sustituye la obligación de esclarecer el destino de los recursos públicos