La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no significa el fin de la crisis de corrupción y conflictos de interés que sacude al organismo. La exconsejera se fue, pero permanece buena parte de la estructura de poder que construyó durante su gestión, integrada por funcionarios colocados en posiciones estratégicas desde las cuales se administran recursos públicos, contrataciones y decisiones fundamentales para las elecciones.

No basta con la renuncia de Taddei. Es necesario revisar a fondo la estructura administrativa del INE, remover a quienes hayan incurrido en irregularidades y desmantelar cualquier red de complicidades que pudiera comprometer su independencia.

Según fuentes del organismo electoral, 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva son considerados cercanos o incondicionales de Taddei. La gravedad de los señalamientos aumenta porque algunos funcionarios habrían llegado a sus cargos por recomendaciones de José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales relacionado con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades contractuales.

Aunque estos vínculos deberán acreditarse individualmente, la posibilidad de que un contratista haya influido en nombramientos de funcionarios responsables de adjudicaciones constituye un potencial conflicto de interés que exige una investigación independiente.

Entre los funcionarios señalados aparece Mario Alfonso Burciaga Esparza, identificado como director de Recursos Materiales y Servicios en la Dirección Ejecutiva de Administración. Se trata de un puesto particularmente delicado porque participa en los procedimientos de adquisición y contratación del Instituto.

Su permanencia obliga a determinar si las contrataciones bajo su responsabilidad se realizaron conforme a la legislación, si existieron relaciones indebidas con proveedores y si las decisiones administrativas estuvieron subordinadas a intereses ajenos al organismo electoral.

Otro nombre bajo cuestionamiento es José Alberto Pérez de Acha, quien llegó en enero de 2025 a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, presuntamente recomendado por personas vinculadas con Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, empresas mencionadas en los señalamientos sobre proveedores electorales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Pérez de Acha habría intervenido en recomendaciones y decisiones relacionadas con servicios tecnológicos para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Resulta indispensable esclarecer el alcance de esas intervenciones, particularmente en las contrataciones de sistemas informáticos y servicios asociados con la operación de los procesos electorales.

La contratación de tecnología electoral no puede convertirse en un negocio dirigido por intereses privados, mucho menos cuando está relacionada con instrumentos sensibles como los sistemas de información y los programas de resultados electorales preliminares.

El problema tiene una raíz política y legislativa. En enero de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anteriormente conocido como Trife, revocó restricciones relacionadas con el procedimiento para designar funcionarios de primer nivel que requería el respaldo de ocho de los once integrantes del Consejo General.

Posteriormente, en octubre de 2024, Morena y sus aliados aprobaron modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que concentraron en la presidencia del INE la facultad de designar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, sin necesidad de someter esos nombramientos a la aprobación colegiada del Consejo General.

La reforma debilitó un mecanismo de contrapesos internos y permitió que la presidencia acumulara un poder extraordinario sobre la estructura ejecutiva del Instituto.

La consejera Carla Humphrey responsabilizó directamente al Congreso por esa concentración de facultades:

“En el Congreso son los primeros responsables por aprobar esta reforma para darle un maxipoder, para que solamente la presidencia determine acciones sobre compras y adquisiciones del Instituto”.

Los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo también cuestionaron ese esquema y se pronunciaron por recuperar la “colegialidad” en las decisiones del órgano electoral.

El resultado fue un INE donde la presidencia adquirió capacidad para construir una estructura administrativa de lealtades personales, debilitando la vigilancia del Consejo General.

La responsabilidad política, por tanto, no se limita a Guadalupe Taddei. También alcanza a quienes desde el Congreso de la Unión impulsaron una reforma que redujo los controles institucionales sobre los nombramientos y facilitó la concentración del poder.

Ahora que Taddei abandonó el cargo, el riesgo es que su red de influencia sobreviva a su renuncia, especialmente en áreas donde se preparan licitaciones, adquisiciones de materiales, contrataciones informáticas y decisiones administrativas relacionadas con las elecciones de 2027.

El nuevo liderazgo del INE deberá promover una revisión de los nombramientos realizados durante su administración, investigar posibles conflictos de interés, transparentar los contratos adjudicados y separar de funciones sensibles, conforme a la ley, a quienes enfrenten investigaciones que justifiquen esa medida.

La ASF, la UIF y las autoridades competentes deberán determinar si existieron actos de corrupción, tráfico de influencias, colusión empresarial o desvío de recursos. Las responsabilidades deben establecerse con pruebas, sin encubrimientos y respetando el debido proceso.

También será fundamental revisar el funcionamiento del Órgano Interno de Control (OIC) y determinar si cumplió oportunamente con su obligación de prevenir, detectar e investigar irregularidades.

La depuración administrativa debe acompañarse de una revisión legislativa que permita devolver al Consejo General sus facultades colegiadas sobre los nombramientos estratégicos. De lo contrario, el sucesor de Taddei podría conservar el mismo poder discrecional que contribuyó a la crisis actual.

La independencia del INE no se recupera con el simple relevo de su presidenta. Se recupera desmantelando las prácticas que permitieron la concentración del poder, cerrando espacios a los intereses privados y castigando las conductas ilícitas que se acrediten.

México enfrentará en 2027 un proceso electoral de enorme trascendencia. No puede llegar a esa cita con una autoridad electoral bajo sospecha, funcionarios cuestionados y contrataciones sin aclarar.

Guadalupe Taddei ya se fue. Ahora falta esclarecer quiénes participaron en las presuntas irregularidades, quiénes las permitieron y quiénes se beneficiaron.