La entrega de 20 permisos para operar casinos a la empresa Operadora Clíe en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador coloca bajo escrutinio la actuación de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Luisa María Alcalde, hoy perfilada como Consejera Jurídica de la Presidencia.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa beneficiada mantiene vínculos con estructuras empresariales relacionadas con la familia de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco, señalado por delitos como asociación delictiva, secuestro y extorsión. El caso adquiere mayor relevancia al insertarse en el contexto de la llamada red criminal conocida como “La Barredora”, con influencia en esa entidad.
El informe detalla que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, utilizó el permiso “DGJS/DGAAD/ DCRCA/P-01/2017” para operar el casino Epic en Michoacán, el cual también fue empleado por plataformas digitales como CrownCity y CityBets, vinculadas a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste. En esta última figura como socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex funcionario, cuya constitución fue certificada por el senador morenista Adán Augusto López, lo que agrega un ángulo político al entramado empresarial.
El mismo permiso fue utilizado por Diamante Casino, empresa que recientemente fue objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, lo que amplifica los cuestionamientos sobre la red de operaciones y su posible alcance transnacional.
Las autorizaciones para los nuevos centros de apuestas fueron otorgadas el 1 de febrero de 2024, con una vigencia de 15 años —hasta 2039—, en cumplimiento de una resolución emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio 1681/19- 17-08-5. Este elemento introduce un componente clave: la decisión administrativa respondió formalmente a un mandato judicial, lo que abre el debate sobre el margen de maniobra de la autoridad frente a sentencias que benefician a operadores privados con antecedentes controvertidos.
Los permisos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, identificado como colaborador cercano de Luisa María Alcalde durante los últimos seis años, reforzando la conexión directa entre la estructura administrativa de Segob y la autorización de estos negocios.
