La decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de trasladarse a San Luis Potosí para realizar actividades privadas con jóvenes deportistas dejó al descubierto la creciente presión que ejercen distintos movimientos sociales sobre el Gobierno federal y evidenció las dificultades para contener un conflicto que va más allá del magisterio.

Lo que inicialmente sería una gira por Zacatecas para anunciar obras de mantenimiento carretero y reunirse con Servidores de la Nación terminó convertido en una agenda alterna organizada en cuestión de horas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), luego de que las protestas anunciadas por las secciones 34 federal y 58 estatal del magisterio, así como por organizaciones campesinas y colectivos de madres buscadoras, encendieran las alertas en el equipo presidencial.

De acuerdo con versiones de dirigentes de Morena y reportes locales, los grupos inconformes planeaban permitir el ingreso de la mandataria al evento oficial, pero bloquear posteriormente las salidas para obligarla a instalar una mesa de negociación y responder a sus demandas.

El episodio adquiere una dimensión política mayor porque ocurre en momentos en que el Gobierno federal mantiene una confrontación abierta con la CNTE, organización que ha logrado colocar sus exigencias en el centro de la agenda nacional mediante bloqueos, marchas y plantones. En Zacatecas, además, la capacidad de movilización es particularmente relevante debido a la operación conjunta entre la CNTE y el SNTE, respaldados por estructuras académicas y sindicales con fuerte presencia territorial.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, realizó un balance de las negociaciones con los grupos inconformes y sostuvo que la mayoría de los conflictos se encuentran atendidos o prácticamente resueltos.

Respecto a la Sección 34, explicó que desde febrero de 2025 se han recibido alrededor de 130 planteamientos, de los cuales únicamente permanecen pendientes 25. Según el funcionario, varias de las exigencias restantes corresponden al ámbito federal y son imposibles de resolver desde el Gobierno estatal, entre ellas la demanda de abrogar la Ley del ISSSTE.

Sobre la Sección 58, aseguró que prácticamente todas sus demandas han sido atendidas, situación que, afirmó, evitó que este gremio se sumara a un paro generalizado de actividades escolares. No obstante, reconoció que siguen pendientes asuntos relacionados con jubilaciones, protocolos escolares para atender denuncias contra docentes por presunto abuso, procesos de basificación para personal administrativo y la asignación de plazas.

En cuanto al conflicto con productores agrícolas, Reyes Mugüerza argumentó que el desacuerdo se encuentra prácticamente superado luego de que el Gobierno federal ampliara los apoyos para la compra de frijol.

“Se hizo un compromiso para pagar acopio de mil 500 toneladas, pero la cifra fue de mil 900 toneladas, y luego se agregaron 2 mil más. Sí es importante ponerlo en perspectiva porque el programa ha beneficiado acerca de 13 mil productores en Zacatecas, y estas manifestaciones son de un grupo de siete productores que son los que dicen representar a 300”, sostuvo.

El funcionario fue más allá y acusó que algunos actores han utilizado políticamente el movimiento campesino.

“Yo lo dije en algún momento. Pasamos del coyotaje del frijol al coyotaje político, porque por supuesto que ha habido personas que utilizan, que se cuelgan de ese movimiento, e incluso le restan legitimidad y lo impulsan y lo ensucian”, aseveró.

Sobre las Madres Buscadoras, indicó que existen reuniones permanentes cada dos semanas y que los colectivos participan en las decisiones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

“(Hay quienes) se aprovechan de estas coyunturas para colgarse de esos conflictos y tratar de impulsarlos, pero creo que afortunadamente se han logrado contener, se han logrado dialogar con los sectores, se ha logrado también poder ordenar”, afirmó.

Sin embargo, la narrativa oficial chocó con la percepción generada por la propia cancelación presidencial. Aunque Rodrigo Reyes negó que las protestas fueran la causa de la suspensión del evento y aseguró que la decisión obedeció a retrasos administrativos relacionados con proyectos carreteros que aún no estaban listos para anunciarse, el contexto político apunta en otra dirección.

La propia declaración de Ricardo Monreal, los reportes de movilización de los grupos inconformes y la improvisación de una agenda alterna en San Luis Potosí fortalecieron la percepción de que el Gobierno federal optó por evitar una confrontación directa con los manifestantes.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum encabezó un acto con el equipo Tuneros de San Luis Potosí, integrado por jóvenes con Síndrome de Down, entregó uniformes deportivos y una réplica de la Copa Mundial de Futbol, además de boletos para el encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica en Monterrey, y posteriormente visitó una cancha rehabilitada en la comunidad de Santa María.

La Presidenta evitó hacer referencia al incidente en sus redes sociales o en comunicados oficiales. Hacia las primeras horas de la tarde ya se encontraba nuevamente en Palacio Nacional.

Más allá de las explicaciones oficiales, el episodio deja una imagen políticamente incómoda para el Gobierno federal: una Presidenta obligada a modificar su agenda ante la amenaza de protestas y una CNTE que, junto con otros sectores inconformes, sigue demostrando capacidad para condicionar decisiones políticas y alterar la operación normal del poder público. En términos de percepción, la cancelación reforzó la idea de que el conflicto social continúa marcando el ritmo de la agenda presidencial y que el diálogo promovido por la administración federal aún no logra desactivar los focos de presión que se multiplican en distintas regiones del país.