Una pipa con capacidad para transportar 33 mil litros de diésel terminó conduciendo a las autoridades hasta un complejo con aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato, en lo que se perfila como el mayor aseguramiento de combustible de procedencia no acreditada registrado durante el actual sexenio.

El caso comenzó el 3 de julio de 2026, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.

De hecho no hubo ningún detenido de importancia, solamente un chófer de una pipa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el detenido no pudo acreditar la trazabilidad del producto. A partir de esa operación comenzaron las diligencias que terminarían, más de dos meses después, en el gigantesco hallazgo.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, rechazó que el operativo fuera producto de la casualidad. “No fue un chiripazo”, aseguró. La investigación, explicó, comenzó en campo con el aseguramiento de aquella unidad: “Se siguió su ruta y nos llevó hasta este lugar”.

La ruta condujo primero a una gasolinera en San Luis de la Paz, después a un inmueble dedicado al despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, perteneciente al mismo propietario según la FGR, y finalmente a instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. Fue ahí donde las dimensiones de la investigación cambiaron por completo.

Con autorización de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, agentes del Ministerio Público Federal, peritos y autoridades estatales catearon el inmueble. Encontraron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores, documentación y aproximadamente 59 millones de litros de producto con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.

La cantidad es extraordinaria. El volumen equivale aproximadamente a 371 mil barriles de combustible y supera por más de 35 veces el que hasta entonces era considerado el mayor decomiso de hidrocarburos en Guanajuato: 1.65 millones de litros asegurados en octubre de 2025 sobre la carretera Silao-San Felipe.

Pero precisamente por la magnitud del hallazgo conviene establecer una diferencia fundamental: hasta ahora las autoridades hablan de presunto hidrocarburo cuya procedencia y legalidad no han sido acreditadas. La FGR todavía deberá determinar mediante peritajes la cantidad definitiva, su composición, su origen y la forma en que llegó hasta esas instalaciones.

Tampoco se reportaron detenciones durante el cateo de La Fragua. Juan Mauro González Martínez explicó que las autoridades decidieron asegurar el inmueble y continuar con la investigación, en lugar de realizar aprehensiones durante esa diligencia. La incógnita central permanece abierta: ¿de dónde salieron 59 millones de litros y quién construyó, abasteció, financió y operó la infraestructura necesaria para almacenarlos?

El tamaño del depósito obliga además a mirar el caso más allá de la imagen tradicional del huachicolero perforando un ducto. Un volumen de esta escala requiere capacidad de recepción, almacenamiento, transporte y eventualmente comercialización. Determinar si el combustible fue robado directamente de ductos de Pemex, desviado de instalaciones legítimas, adquirido mediante documentación irregular o introducido mediante algún esquema de contrabando es ahora parte esencial de la investigación.

El hallazgo ocurre además en un estado donde el robo de combustibles sigue siendo un problema estructural. Durante el primer semestre de 2025, datos de Pemex recopilados por IGAVIM documentaron 475 tomas clandestinas en Guanajuato, prácticamente dos cada día. Pénjamo, Cortazar, Villagrán, Abasolo, Irapuato, Apaseo el Alto, Salamanca y Celaya figuraron entre los municipios afectados.

El fenómeno tampoco terminó con la extracción de gasolina y diésel. Durante 2025, Guanajuato pasó de 8 a 35 tomas clandestinas de Gas LP, un incremento de 337.5 por ciento, según datos de Pemex difundidos en febrero de este año.

La propia administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo había reforzado apenas el 2 de septiembre su estrategia contra este delito mediante la incorporación permanente de Pemex Logística al Grupo de Inteligencia Operativa, con participación de su director general, Israel Benítez López, para intercambiar información sobre ductos y detectar el transporte irregular de combustibles.

El megadecomiso también adquiere relevancia dentro del escenario nacional. México ha enfrentado durante los últimos años no solamente el robo directo de hidrocarburos a Pemex, sino operaciones mucho más complejas que involucran almacenamiento industrial, transporte mediante pipas y ferrotanques, comercialización mediante empresas formalmente constituidas y esquemas de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Por eso, el aseguramiento de 59 millones de litros puede ser apenas el comienzo de la historia. Encontrar el combustible permitió descubrir el almacén; ahora corresponde a la FGR seguir el dinero, la documentación, los proveedores, los compradores, los permisos y las rutas de distribución.

La dimensión del depósito plantea una pregunta inevitable para las autoridades: ¿cómo fue posible concentrar decenas de millones de litros de combustible sin que antes fueran detectados los movimientos logísticos necesarios para llevarlos hasta ahí?

El operativo de San José Iturbide representa un golpe de enorme dimensión material. Pero su verdadera relevancia dependerá de lo que ocurra después: identificar quién era el propietario real del combustible, de dónde provenía, quién lo transportaba, quién lo compraba y qué estructura permitió movilizarlo.

Porque una pipa permitió encontrar el hilo. Ahora falta saber hasta dónde llega la red.