El anunciado “megagolpe” contra el huachicol en San José Iturbide, Guanajuato, terminó convirtiéndose en un problema para la propia Fiscalía General de la República (FGR). A menos de una semana de que autoridades estatales y federales presumieran el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, Juan Francisco Vera Ayala fue separado de la representación de la Fiscalía en el estado. Fuentes de la institución citadas por distintos medios relacionan su salida con las irregularidades y dudas surgidas alrededor del operativo. Hasta ahora, la FGR no ha informado oficialmente las causas del relevo.

El caso comenzó públicamente el 17 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció el aseguramiento. Horas después, la propia FGR confirmó que había localizado 59 millones 036 mil 870 litros de gasolina regular, premium y diésel en una terminal de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA. La magnitud de la cifra permitió presentar el operativo como uno de los mayores golpes contra el mercado ilegal de combustibles durante el actual sexenio.

Pero la narrativa comenzó a complicarse casi inmediatamente.

Grupo SIMSA respondió que la terminal opera legalmente bajo el permiso de almacenamiento PL/19344/ALM/2016, con vigencia de 30 años, y explicó que los hidrocarburos almacenados pertenecen a empresas clientes, no necesariamente a la operadora de las instalaciones. La compañía sostuvo además que entregó documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de sus operaciones.

La FGR, inicialmente, respondió que no todas las empresas involucradas habían entregado documentación suficiente para demostrar de manera completa la legalidad del origen, manejo y destino del combustible. Ante la complejidad del expediente, la fiscal Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la investigación y revisara propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los hidrocarburos.

Sin embargo, el caso dio otro giro esta semana. Fuentes de la propia FGR señalaron que las investigaciones apuntan ahora a que los 59 millones de litros aparentemente no serían “huachicol fiscal”. Esa conclusión aún no constituye una resolución ministerial definitiva, pero contradice la dimensión con la que inicialmente se presentó públicamente el aseguramiento.

La cronología también abrió interrogantes. Aunque el supuesto decomiso fue anunciado el 17 de septiembre, diferentes investigaciones periodísticas señalan que la intervención en las instalaciones ocurrió realmente el 4 de septiembre y que la terminal volvió a operar normalmente desde el 10 de septiembre. Cuando las autoridades difundieron el aseguramiento, la planta llevaba aproximadamente una semana trabajando nuevamente.

Hay además una inconsistencia potencialmente más grave. De acuerdo con información publicada por La Jornada, la orden de cateo habría estado dirigida contra una empresa identificada como Gas del Noreste, que carecería de los registros correspondientes, y no contra Gas Natural del Noroeste, compañía de Grupo SIMSA que opera la terminal intervenida. Si esa diferencia se confirma dentro del expediente judicial, podría convertirse en uno de los puntos centrales para determinar la legalidad y alcance del procedimiento.

La salida de Juan Francisco Vera Ayala ocurre en ese contexto. Vera había asumido la representación de la FGR en Guanajuato a finales de enero de 2026 y anteriormente ocupó la Dirección General de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Antes desarrolló una larga carrera en áreas federales de investigación y delincuencia organizada.

Existe además una precisión sobre la sucesión en la delegación: después de la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, hoy Fiscal General de Guanajuato durante el gobierno de Libia García Muñoz Ledo, el cargo fue ocupado temporalmente por Ignacio Alejandro Vila Chávez antes de la llegada de Vera. Ahora, reportes periodísticos señalan que Norma Quevedo Vázquez asumiría la representación federal, aunque la FGR todavía debe formalizar públicamente el nombramiento.

El expediente deja así de ser únicamente una investigación sobre la procedencia de millones de litros de gasolina y diésel. Ahora también obliga a esclarecer cómo se autorizó el operativo, contra qué empresa estaba dirigido el mandamiento judicial, por qué se anunció casi dos semanas después de la intervención y bajo qué evidencia se presentó como un enorme golpe contra el huachicol.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum, cuya visita a Guanajuato ocurrió un día después del anuncio público del aseguramiento, pidió que la Fiscalía esclarezca lo sucedido y determine si existió realmente una actividad ilícita.

Por ahora, el dato central que permitió presumir el operativo —59 millones de litros de combustible ilegal— continúa sin una acreditación ministerial definitiva. Lo que sí dejó el caso, hasta este momento, es una investigación trasladada a la FEMDO, una terminal que sostiene tener permisos vigentes, dudas sobre la orden de cateo y un delegado de la FGR fuera del cargo apenas ocho meses después de haber llegado a Guanajuato.