El 27 de septiembre de 2024, en El Rosario, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador realizó su última visita al estado como presidente. A su lado estaba la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum y también el gobernador Rubén Rocha Moya. Sinaloa llevaba apenas unas semanas sumergido en la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa que terminaría por alterar la vida cotidiana, la economía y la seguridad de buena parte de la entidad.

Aquel día, López Obrador hizo una promesa que dos años después adquiere un significado inevitablemente distinto: “Ella va a terminar de poner orden pronto en Sinaloa y en todo el país”. La Presidencia sostenía además que el despliegue de las Fuerzas Armadas tenía como propósito proteger a la población y evitar enfrentamientos.

Dos años después, el orden prometido todavía no llega a Sinaloa.

La fractura interna del Cártel de Sinaloa detonada en 2024 convirtió al estado en escenario de una confrontación prolongada entre Los Chapitos y las fuerzas asociadas a Ismael “El Mayo” Zambada. Los datos oficiales permiten dimensionar el cambio: en agosto de 2024, antes de que estallara abiertamente la disputa, se registraron 82 homicidios dolosos; en septiembre fueron 144 y en octubre 187. Aunque durante 2026 existe una disminución frente a los peores meses de 2025, los niveles continúan por encima de los registrados antes de la ruptura criminal.

El propio gobierno federal sostiene que su estrategia comienza a producir resultados. Según cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2026 Sinaloa registró una reducción de 26.1 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos frente al mismo periodo de 2025, sin embargo las desapariciones y la extorsión aumentaron. La administración de Claudia Sheinbaum también destaca detenciones, aseguramientos de armas y drogas, destrucción de laboratorios y el reforzamiento de fuerzas federales.

La guerra iniciada en septiembre de 2024 ha cambiado horarios, actividades económicas y rutinas sociales. Dos años después continúan los operativos y las detenciones de integrantes de las facciones en disputa. Apenas el 22 de septiembre de 2026, autoridades detuvieron en Mazatlán a Jesús Antonio “N”, “El Peli”, señalado como operador relacionado con Los Chapitos, una muestra de que las estructuras criminales mantienen capacidad operativa pese al despliegue federal.

Y mientras Sinaloa intenta salir de su crisis de seguridad, el problema adquirió una dimensión política mucho más delicada.

En Estados Unidos, fiscales federales han presentado acusaciones que involucran al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios mexicanos. El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que funcionarios actuales y anteriores habrían participado en una conspiración que habría permitido protección institucional al Cártel de Sinaloa, incluida —según la acusación— información de seguridad y protección policial para cargamentos de droga. Se trata de acusaciones judiciales estadounidenses, no de hechos acreditados mediante sentencia, y Rocha ha rechazado los señalamientos.

La presión ya no proviene solamente de expedientes judiciales.

En la determinación presidencial estadounidense sobre países productores o de tránsito de drogas para el año fiscal 2027, el gobierno de Donald Trump reconoció que la administración de Sheinbaum ha aumentado decomisos, destruido laboratorios y desplegado más fuerzas de seguridad. Pero inmediatamente después señaló que México necesita acciones adicionales contra las organizaciones criminales y consideró insuficiente la inversión actual para sostener y ampliar la ofensiva contra sus redes financieras y operativas.

El documento estadounidense puso además el foco sobre un asunto particularmente incómodo para el gobierno mexicano: la penetración del narcotráfico en las instituciones públicas. Washington reclamó identificar, detener y procesar a funcionarios corruptos que hayan ayudado a los cárteles. No señaló en ese documento quiénes son esos funcionarios ni aportó ahí pruebas individuales contra personas determinadas, pero elevó el tema de la narcopolítica mexicana a una exigencia formal dentro de su política bilateral de seguridad.

La presión aumentó todavía más cuando el administrador de la DEA, Terry Cole, habló públicamente de una “deadly connection” entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales. Claudia Sheinbaum rechazó esas declaraciones, exigió pruebas y sostuvo que Estados Unidos también debe combatir el consumo, el lavado de dinero y las redes de distribución que operan dentro de su propio territorio.

Ese matiz es indispensable. Washington reconoce resultados concretos de México y simultáneamente exige acciones adicionales. Por tanto, no puede sostenerse documentalmente que Estados Unidos considere inexistente toda la estrategia de seguridad de Sheinbaum; sí puede afirmarse que la administración Trump la considera insuficiente frente al tamaño de las organizaciones criminales y reclama una ofensiva más profunda contra sus posibles redes de protección institucional.

Ahí aparece el contraste político con aquel 27 de septiembre de 2024.

López Obrador aseguraba entonces que Sheinbaum llegaría a “poner orden”. Dos años después, Sinaloa continúa necesitando miles de elementos federales, operativos permanentes y capturas constantes para contener una guerra criminal que no ha terminado. Al mismo tiempo, uno de los personajes que acompañó aquella última visita presidencial, Rubén Rocha Moya, quedó colocado en el centro de acusaciones estadounidenses relacionadas precisamente con el cártel cuya confrontación destruyó la tranquilidad del estado.

El gobierno mexicano tiene razón en exigir pruebas antes de aceptar como verdaderas las acusaciones formuladas desde otro país. Una imputación no equivale a una condena. Pero esa misma exigencia de rigor obliga también a las instituciones mexicanas a investigar de manera transparente cualquier señalamiento que alcance a funcionarios públicos, sin convertir la soberanía en un argumento para evitar el esclarecimiento.

Porque ése es ahora el desafío que va mucho más allá de detener sicarios o decomisar armas: determinar hasta dónde llegan las redes políticas, financieras y oficiales que permiten sobrevivir a organizaciones criminales capaces de mantener durante años una guerra de esta magnitud.

Dos años después de aquella promesa presidencial no se ha cumplido.