La dimensión del poder del crimen organizado en México ya no puede medirse únicamente por el número de homicidios, balaceras o decomisos. En extensas regiones del País, las organizaciones criminales han desarrollado estructuras capaces de cobrar impuestos ilegales, controlar mercados, instalar retenes, determinar quién puede trabajar o circular e incluso influir o cooptar gobiernos municipales.

Un análisis independiente denominado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, con información al 25 de septiembre de 2026, calcula que alrededor del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo condiciones de predominio criminal o “gobernanza efectiva”. El análisis lo publicó Benito Jiménez en el periódico Reforma.

Otro 47 por ciento del País se ubica en entidades donde el control se encuentra compartido o disputado entre instituciones públicas y organizaciones criminales. Sólo alrededor del 23 por ciento corresponde a estados donde existiría un predominio claro de las instituciones del Estado.

La estimación debe tomarse con cautela. No constituye una medición oficial del Gobierno mexicano y la información pública disponible sobre el estudio no permite conocer con suficiente detalle la ponderación completa de todos sus indicadores. Sin embargo, el diagnóstico general coincide con investigaciones internacionales que desde hace años advierten que el dominio criminal no siempre se refleja en altas tasas de homicidio.

International IDEA define la gobernanza criminal como la capacidad de organizaciones delictivas para establecer reglas sociales y económicas que reemplazan, complementan o compiten con el Estado, incluso mediante mecanismos propios de seguridad, justicia o regulación económica. El organismo señala además que estos esquemas pueden operar con niveles relativamente bajos de violencia cuando existe un solo grupo dominante y no hay una guerra abierta por el territorio.

De manera coincidente, International Crisis Group ha documentado que organizaciones criminales mexicanas han ampliado sus actividades mucho más allá del narcotráfico: extorsionan negocios legales, controlan comunidades, penetran gobiernos locales y diversifican sus ingresos hacia actividades agrícolas, comerciales, migratorias y extractivas.

El mapa coloca a Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo dentro de la categoría de “predominio criminal en amplias regiones”. Esos nueve estados concentran aproximadamente 23 por ciento de la población nacional.

De acuerdo con datos difundidos a partir del análisis, Colima obtiene el nivel más alto del denominado Índice Compuesto de Control Criminal, con 92 puntos; le siguen Sinaloa, con 88; Guanajuato, con 86; Morelos, con 78; Baja California y Guerrero, con 68; Michoacán, con 66; Chihuahua, con 64, y Quintana Roo, con 63.

El diagnóstico resulta especialmente significativo porque varias de esas entidades han sido escenario durante años de disputas entre grandes organizaciones y células regionales por el control no sólo de rutas de drogas, sino también de puertos, producción agrícola, transporte, minería, combustibles, comercio y cobro de piso.

ACLED, organización especializada en conflictos y violencia política, sostiene que el panorama mexicano se caracteriza actualmente por centenares de organizaciones y células que compiten por economías ilícitas y territorios, mientras Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen las dos mayores redes nacionales. Sus actividades se han extendido hacia la extorsión, robo de combustible, minería ilegal, tala clandestina, desapariciones y tráfico de personas, frecuentemente mediante vínculos o colusión con funcionarios.

El segundo bloque del mapa resulta todavía más amplio. Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas aparecen bajo condiciones de “control compartido o disputado”.

Esas 14 entidades concentran aproximadamente 59 por ciento de la población mexicana, lo que implica que el fenómeno no se encuentra limitado a zonas rurales alejadas o regiones tradicionalmente identificadas con el narcotráfico, sino que alcanza algunos de los principales centros industriales, urbanos y económicos del País.

El propio Gobierno federal reconoce la existencia de una estructura criminal altamente fragmentada. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en junio que existen numerosos grupos locales, algunos sumamente violentos, que incluso utilizan los nombres de organizaciones mayores aunque no mantengan vínculos reales con ellas.

Sólo Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán fueron colocados dentro de la categoría de predominio estatal, y concentran aproximadamente 17 por ciento de la población.

El contraste con la narrativa oficial de seguridad es importante. El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reportado una reducción considerable de los homicidios dolosos y sostiene que entre septiembre de 2024 y julio de 2026 el promedio diario cayó 51 por ciento.

Pero una disminución de homicidios no significa necesariamente la recuperación del control territorial.

El propio concepto de gobernanza criminal explica esa aparente contradicción: una organización puede mantener bajo amenaza a comerciantes, cobrar cuotas, decidir quién opera determinadas actividades económicas, imponer horarios, controlar caminos o establecer acuerdos con autoridades sin necesidad de producir enfrentamientos públicos todos los días.

La extorsión es uno de los indicadores más reveladores. Documentos oficiales reconocen que continúa en niveles elevados y que la enorme cifra negra delictiva dificulta establecer su verdadera dimensión. La ENVIPE 2025 calculó que 93.2 por ciento de los delitos ocurridos en 2024 no fueron investigados, mientras las encuestas empresariales registraron cientos de miles de episodios de extorsión.

Los acontecimientos recientes también muestran que la penetración criminal alcanza directamente a gobiernos municipales. Apenas este fin de semana, el Operativo Enjambre derivó en Chiapas en la detención de funcionarios municipales de Suchiapa, entre ellos el Alcalde Jorge Lara, su antecesor Alexis Nucamendi, mandos policiales y agentes, dentro de una investigación relacionada con corrupción, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Esa es quizá la dimensión más grave del problema: el crimen organizado ya no necesita sustituir completamente al Estado cuando puede infiltrarlo, utilizarlo o compartir con él determinadas funciones de control.

Por eso, la verdadera discusión sobre seguridad en México no debería limitarse a determinar cuántos homicidios disminuyeron o cuántos presuntos delincuentes fueron detenidos.

La pregunta central es mucho más profunda: ¿quién establece las reglas en cada territorio?

Si una organización decide quién trabaja, quién comercia, cuánto paga, qué mercancías pueden venderse, quién circula por una carretera o qué autoridad municipal permanece en el cargo, entonces el problema dejó de ser exclusivamente policiaco para convertirse en una disputa por la capacidad misma del Estado mexicano para gobernar su territorio.